Nueva Canarias denuncia un expediente incompleto en la prórroga del Puerto de Mogán

Nueva Canarias-Bloque Canarista en Mogán ha presentado un recurso potestativo de reposición contra el acuerdo aprobado por el Pleno municipal el 23 de junio de 2026 para solicitar la prórroga extraordinaria de la concesión administrativa del Puerto Deportivo de Mogán. La formación sostiene que la decisión se adoptó con un expediente incompleto y sin que el Ayuntamiento acreditara de forma suficiente su legitimación para promover la prórroga.

El recurso pide la revocación del acuerdo o, de forma subsidiaria, que el procedimiento se retrotraiga para incorporar la documentación que Nueva Canarias considera esencial y volver a someter el asunto al Pleno con todas las garantías. La formación también solicita la suspensión cautelar de la ejecución del acuerdo mientras se resuelve la impugnación.

Un expediente cuestionado desde el Pleno

Según Nueva Canarias, durante la sesión plenaria ya se solicitó que el expediente quedara sobre la mesa al considerar que faltaba documentación relevante para adoptar una decisión sobre el futuro del puerto. En concreto, la formación señala la ausencia de la escritura pública de 21 de septiembre de 1984, vinculada a la transmisión de la posición concesional cuya interpretación está en el centro de la controversia.

El portavoz de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Mogán, Juanma Gabella, afirmó que la petición de dejar el asunto sobre la mesa no respondía a razones políticas, sino a la necesidad de que los concejales pudieran deliberar y votar con pleno conocimiento de causa. La propuesta fue rechazada por la alcaldesa y el grupo de gobierno, que sometieron el punto a votación.

La legitimación del Ayuntamiento, en el centro del recurso

La formación nacionalista sostiene que el Ayuntamiento no ha acreditado de manera suficiente que conserve la legitimación necesaria para solicitar la prórroga extraordinaria de una concesión cuya posición jurídica fue cedida hace décadas y cuya cesión, según expone el recurso, fue autorizada por la Administración competente.

Para Nueva Canarias, el acuerdo invierte el orden lógico del procedimiento, al aprobar primero la solicitud de prórroga y tratar después de justificar la capacidad del Ayuntamiento para hacerlo. Gabella defendió que, antes de adoptar una decisión de ese alcance, debía quedar acreditada la legitimación municipal para actuar sobre la concesión.

Preocupación por los usuarios y empresas del puerto

El recurso también pone el foco en los usuarios, empresas, trabajadores y profesionales que desarrollan su actividad en el Puerto Deportivo de Mogán. La formación advierte de que muchas de estas relaciones se han construido durante más de treinta años sobre contratos y vínculos jurídicos asociados a la concesión vigente.

Nueva Canarias cuestiona que el acuerdo incluya actuaciones como la aprobación de un convenio tipo con los usuarios, la constitución de garantías, nuevos compromisos de inversión y otras medidas que, a su juicio, presuponen que el Ayuntamiento ya puede actuar frente a terceros como si ostentara la posición jurídica del concesionario.

Gabella señaló que el recurso no pretende defender a ninguna empresa concreta, sino proteger a los ciudadanos de Mogán, a los usuarios del puerto y a quienes han organizado su actividad económica en torno a un marco jurídico que consideran estable. La formación advierte de que intervenir de forma anticipada en relaciones jurídicas vigentes puede generar conflictos contractuales, reclamaciones patrimoniales y perjuicios a terceros.

Petición de suspensión cautelar

Junto al recurso de reposición, Nueva Canarias ha solicitado la suspensión cautelar del acuerdo al amparo del artículo 117 de la Ley 39/2015. La formación sostiene que esta medida no paralizaría la actividad del puerto ni perjudicaría a sus usuarios, sino que evitaría decisiones de difícil reversión mientras se aclara quién está jurídicamente legitimado para solicitar la prórroga.

El partido subraya que el Puerto Deportivo de Mogán es una infraestructura estratégica para el municipio y defiende que cualquier decisión sobre su futuro debe adoptarse con seguridad jurídica, transparencia y un expediente completo. Por ello, reclama que el Ayuntamiento revoque el acuerdo aprobado o reinicie el procedimiento con la documentación que considera omitida antes de volver a elevar la cuestión al Pleno.