Vertidos en Telde: la Fiscalía envía el caso al juzgado tras hallar "numerosas irregularidades" en la depuradora
La investigación judicial indagará si la EDAR de Silva y su emisario 222 pudieron ser responsables de los vertidos contaminantes al mar que afectaron a la costa de Telde

La Provincia

La Fiscalía de Medio Ambiente ha remitido a los juzgados de Telde las diligencias de investigación abiertas por los vertidos en la costa del municipio, un procedimiento iniciado en octubre de 2025 tras la mortandad de peces detectada en las jaulas marinas de Aquanaria y que derivó en el cierre de 17 playas del litoral sureste de Gran Canaria.
El traslado al juzgado se produce después de que la empresa titular de la concesión acuícola presentara una denuncia por los mismos hechos ante los juzgados de Telde. La Fiscalía acuerda por ello el archivo de sus diligencias de investigación y su remisión a la sección de Instrucción competente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A partir de ahora, la investigación continuará en sede judicial, con la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente.
"Numerosas irregularidades" en la EDAR de SIlva
Las diligencias practicadas por el Ministerio Fiscal han revelado, según informó este miércoles la portavoz de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, “numerosas irregularidades” en la gestión de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Silva. Esa circunstancia motivó que el pasado 25 de mayo se acordara la toma de muestras en la estación depuradora y su remisión al Instituto de Ciencias Forenses para la elaboración de una pericial analítica de impacto medioambiental.
El objetivo de esa prueba es determinar si los vertidos de la EDAR al mar a través del emisario 222 pudieran constituir un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. La pericial, según la comunicación de la Fiscalía, se encuentra todavía en fase de elaboración y será remitida al juzgado una vez esté concluida.
El Ayuntamiento de Telde, a través de un comunicado, ha mostrado su satisfacción después de que la Fiscalía Provincial de Las Palmas haya remitido al órgano judicial competente las diligencias abiertas por los hechos registrados en el litoral del municipio el pasado año. La institución municipal considera "positivo" que el procedimiento continúe avanzando por los cauces legalmente establecidos para esclarecer el origen y alcance de un episodio que provocó el cierre temporal de 17 playas.
Asimismo, el Consistorio reitera su "plena colaboración" con la Justicia y con el resto de administraciones competentes, al tiempo que recuerda que la comunicación de la Fiscalía "no atribuye responsabilidad alguna al Ayuntamiento".
Cierre de 17 playas
La investigación tiene su origen en el episodio registrado en octubre de 2025, cuando Aquanaria detectó una mortandad de peces en su concesión de acuicultura frente a la costa de Telde. Aquel episodio provocó el cierre preventivo de 17 playas del litoral del sureste grancanario y abrió una investigación para aclarar el origen de los vertidos y su posible incidencia ambiental.
La crisis afectó a una zona especialmente sensible del litoral de Telde, donde las jaulas marinas situadas frente a Melenara y Salinetas ya venían siendo objeto de rechazo vecinal y político por su proximidad a áreas de baño. La aparición de restos vinculados a la mortandad de peces y la extensión del episodio a varios puntos del litoral elevó el caso a una investigación medioambiental con posibles derivaciones penales.
Pericial y nuevas diligencias
La Fiscalía precisa que, aunque archiva sus diligencias propias, no abandona la investigación. El procedimiento pasa ahora al juzgado competente de Telde, al que se incorporará la pericial pendiente y ante el que el Ministerio Fiscal propondrá las nuevas diligencias que considere necesarias para concretar si los hechos investigados tienen relevancia penal.
La investigación judicial indagará si existieron vertidos contaminantes, cuál fue su origen y si la gestión de la EDAR de Silva o del emisario 222 pudo tener relación con el impacto detectado en el medio marino y con la mortandad que desencadenó la intervención de la Fiscalía.
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