El Cabildo de Gran Canaria afronta un complejo trámite administrativo para desenredar la reforma del estadio: estas son las claves

Un laberinto legal, administrativo y presupuestario. El Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes se han adentrado en un complejo enredo para adjudicar las obras de reforma del Estadio de Gran Canaria para el Mundial de 2030. El proyecto está sobre la mesa, el tiempo corre y la licitación ha quedado desierta después de que ninguna empresa presentara oferta. Las constructoras advierten de que el presupuesto, fijado en 174 millones de euros, se sitúa un 40% por debajo del precio real de mercado y de que los plazos son demasiado ajustados. Y ante este escenario, el Ejecutivo insular ha dado un volantazo in extremis y llevará la reforma a un procedimiento negociado. La vía elegida, sin embargo, no despeja el enredo y mantiene expectantes a los partidos de la oposición, ya que la Ley de Contratos del Sector Público solo permite recurrir a esta fórmula si las condiciones iniciales del contrato no se modifican sustancialmente. Y ahí está precisamente el nudo del problema: los empresarios reclaman una revisión al alza del presupuesto para poder ejecutar la obra.

La decisión del Cabildo de Gran Canaria de llevar la adjudicación de los trabajos a un procedimiento negociado la dio a conocer este miércoles el presidente Antonio Morales durante una ronda de preguntas con los medios de comunicación en el Centro Atlántico de Arte Moderno, después de que el martes se conociese que la licitación para reformar el Estadio de Gran Canaria había quedado desierta. Allí, Morales afirmó, con la tranquilidad que le caracteriza, que «ahora se abrirá este procedimiento, como establece el marco legal». Asimismo, negó que las cuentas del concurso estén un 40% por debajo del precio de mercado y aseguró que al Cabildo «no le preocupa nada, aunque a algunos les preocupe que no estemos preocupados», porque quedan cuatro años por delante hasta la celebración del Mundial.

Arma de doble filo

Sin embargo, lo que sobre el papel puede parecer una salida ordenada para desbloquear la reforma del estadio entraña más riesgos de los que aparenta. La licitación desierta ha supuesto un jarro de agua fría para el Cabildo, que se ve ahora obligado a buscar una vía alternativa para salvar un proyecto clave para el Mundial de 2030. El procedimiento negociado aparece como la solución inmediata, pero también puede convertirse en un arma de doble filo y añadir todavía más presión a un expediente ya de por sí enredado. La situación se complica aún más porque el Ejecutivo insular se enfrenta por primera vez a una actuación de esta envergadura, con una inversión millonaria, una elevada complejidad técnica y administrativa, y sin una estructura especializada y específica preparada para pilotar un procedimiento de estas características.

El primer obstáculo del procedimiento negociado que quiere activar el Cabildo está en la propia ley. Esta vía, por la que el Ejecutivo insular invitaría a varias empresas a participar en el proceso, no puede utilizarse si se modifican sustancialmente las condiciones iniciales del contrato. Y ahí aparece uno de los grandes nudos del problema: las empresas interesadas en acometer la reforma sostienen que el presupuesto previsto en la licitación no alcanza para ejecutar los trabajos. Según sus cálculos, el coste total de la obra se elevaría por encima de los 220 millones de euros, frente a los 174 millones contemplados inicialmente. Es decir, la revisión al alza del presupuesto sería, precisamente, una de las condiciones que las constructoras consideran necesarias para poder asumir la reforma

Riesgos

Ejecutivo insular invitaría a varias empresas a participar en el proceso para la adjudicación

Ese choque entre lo que permite el procedimiento y lo que reclama el mercado complica aún más la maniobra del Cabildo. Si el presupuesto no se toca, las empresas pueden seguir considerando inviable la obra. Pero si se modifica de forma sustancial, la vía negociada podría quedar jurídicamente comprometida, y es ahí justo donde reside buena parte del laberinto en el que ha entrado la institución insular.

El segundo riesgo está en el terreno de los recursos. Una adjudicación tramitada por esta vía puede ser impugnada y acabar en el Contencioso si no queda justificado por qué se recurre al procedimiento negociado, o si alguna empresa considera que ha sido apartada injustificadamente del proceso o que la adjudicación está orientada hacia un determinado contratista. En ese escenario, cualquier recurso podría abrir un nuevo frente para el Cabildo. Si la impugnación se dirige contra la adjudicación, el procedimiento podría quedar paralizado, lo que complicaría aún más la situación y estrecharía unos plazos que ya avanzan al límite.

Por lo tanto, aunque el Cabildo de Gran Canaria ha visto en esta vía una solución eficaz para adjudicar cuanto antes los trabajos de reforma, el procedimiento no está exento de incertidumbres. Y el principal punto de fricción vuelve a estar en el presupuesto, ya que a pesar de que las empresas sitúan ahí una de las claves de su rechazo a la licitación, Morales negó este miércoles que las cuentas del concurso estén un 40% por debajo del precio de mercado, una tesis defendida por los representantes empresariales, que también apuntaron a los «plazos ajustados» como otro de los motivos que les llevó a no presentar ofertas.

«Al Cabildo no le preocupa nada, aunque a algunos les preocupe que no estemos preocupados»

Según recalcó Morales, «los precios se establecen y están reglados por mecanismos legales». En cuanto a la preocupación expresada por los empresarios respecto a los tiempos para ejecutar la reforma, el presidente insular quitó hierro al asunto y aseguró que al Cabildo «no le preocupa nada, aunque a algunos les preocupe que no estemos preocupados», al considerar que todavía quedan cuatro años por delante hasta la celebración del Mundial.

Un margen más estrecho

Pero ese margen temporal tampoco es tan amplio como aparenta. Aunque es cierto que todavía quedan esos cuatro años para la cita mundialista, el calendario real que marcaban los pliegos era bastante más apretado. La reforma debía estar terminada en 2029 y el plazo de ejecución de las obras se fijaba en 36 meses. Es decir, el margen ya era estrecho antes de que la licitación quedara desierta y ahora se comprimirá todavía más hasta que el Cabildo logre adjudicar finalmente el contrato.

A ese reloj en contra se suma otro elemento disuasorio: las penalizaciones por incumplimiento de plazo. Según recalcaron los representantes empresariales, las constructoras podrían enfrentarse a una sanción equivalente al 50% del presupuesto total si no entregaban la obra dentro del calendario previsto, lo que supondría más de 80 millones de euros. Una carga difícil de asumir para cualquier empresa, más aún en un proyecto cuyo coste real, según el sector, estaría por encima de la cantidad prevista en la licitación.

Pero es que aún hay más. Como si el laberinto legal, el atasco administrativo, el pulso presupuestario y la presión del calendario no fueran suficientes, el expediente arrastra otro frente sensible: el peso económico de la envoltura metálica que bordea el estadio. Según advierten los empresarios, esta actuación absorbe casi la mitad del presupuesto total de los trabajos.

La oposición, sin sorpresas

Eso sí, para los partidos de la oposición en el Cabildo de Gran Canaria no ha sido ninguna sorpresa que la licitación quedase desierta. De hecho, el portavoz del Partido Popular, Miguel Jorge Blanco, cuyo grupo había mostrado su apoyo al incremento del presupuesto de 101 a 174 millones de euros, afirmó este miércoles que era «un secreto a voces» que tanto el presupuesto del proyecto como los plazos previstos no se ajustaban a la realidad del sector.

El portavoz fue incluso más allá y puso en duda que el procedimiento negociado pueda utilizarse como vía para salvar la adjudicación de la obra. «La Ley de Contratos del Sector Público solo contempla esta vía cuando las condiciones iniciales del contrato no se modifican sustancialmente», recalcó.

Por su parte la portavoz de Coalición Canaria, Vidina Cabrera, recalcó que solicitará el expediente completo de la reforma del Estadio de Gran Canaria en la próxima comisión de pleno para analizar el informe técnico. La consejera advirtió, además, de que si su grupo detecta que la designación de Gran Canaria como sede del Mundial puede «correr peligro» porque las obras no lleguen a tiempo, valorarán retirar su apoyo al proyecto. «Nosotros no vamos a comprometer una partida presupuestaria de los ciudadanos de Gran Canaria para algo que puede ser una muerte anunciada», subrayó Cabrera.

El representante de Vox en el Cabildo de Gran Canaria, Yeray Suárez, recalcó que aunque su partido estaba a favor de que la reforma del estadio saliera adelante, siempre mantuvo dudas sobre la capacidad de gestión del Ejecutivo insular ante un proyecto de esta magnitud.«Teníamos dudas de que, después de las gestiones del Cabildo de Gran Canaria en otras áreas, como la sociosanitaria, pudiesen hacer una buena gestión con un proyecto tan grande», remató. Mientras tanto, el PSOE no se quiso pronunciar.

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