La presidenta de la patronal de constructores, Salud Gil, tacha de «suicidio» la vía del negociado y exige un nuevo concurso para el Estadio de Gran Canaria

Una mezcla de incomprensión e incertidumbre marca ya la relación entre las constructoras y el Cabildo de Gran Canaria por la reforma del estadio para el Mundial de 2030. La decisión del Ejecutivo de explorar la vía del procedimiento negociado, después de que la licitación quedara desierta, ha elevado la tensión con el sector. Las constructoras insisten en que el problema central está en el presupuesto: los 174 millones de euros previstos por el Cabildo se quedan, según sus cálculos, alrededor de un 40% por debajo del precio real de mercado, y lo sitúan en unos 220 millones. En este contexto, y tras el anuncio del presidente Morales de que esta será la primera vía que seguirá la institución, la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, Salud Gil, ha sido tajante al calificar el procedimiento negociado como «un suicidio absoluto», ya que este camino no permitirá modificar el contrato inicial porque la ley lo impide, por lo que el presupuesto seguirá sin ajustarse a la realidad de la obra, las empresas no aceptarán ejecutar los trabajos y el tiempo continuará corriendo en contra de la permanencia de Gran Canaria como sede del Mundial de 2030.

Para las constructoras, la vía del negociado «no es viable». Es más, reclaman al Cabildo de Gran Canaria que aparque ese procedimiento, que «no pierda tiempo en eso» y que convoque un nuevo concurso, al entender que la negociación no tendrá recorrido con las empresas si no se modifican las condiciones económicas. «Ir por la vía del negociado supondría quitar unidades de obra, y eso iría en contra de la igualdad de oportunidades respecto a los licitadores que han dejado de ir porque la licitación era una», subrayó este jueves Gil.

Las constructoras reclaman al Cabildo que «no pierdan tiempo con el negociado» y que hagan un nuevo concurso

Y ahí comenzaría la cadena de problemas para el Cabildo si decide avanzar por ese camino, pese a que el propio Morales admitió también este jueves, durante una ronda de preguntas en el antiguo edificio de la ONCE de Gáldar, que sabía que no podía modificar el contrato inicial. El presidente insular insistió, aun así, en que la Corporación agotará posteriormente «todas las vías posibles», entre ellas una eventual modificación del proyecto y de los precios.

Un malestar que aumenta

Precisamente por eso, tras admitir Morales que la ley le impide modificar el contrato inicial, el malestar entre las constructoras aumenta. «Si dejan de perder el tiempo con el negociado y se esfuerzan, podría salir la licitación de un nuevo concurso en un máximo de dos meses», recalcó Gil. La presidenta de la patronal defiende que esa sería la vía más rápida y segura si el Cabildo quiere que los trabajos arranquen cuanto antes. A su juicio, el procedimiento negociado no solo no resuelve el problema económico de fondo —los 174 millones de euros que la propia institución reconoce que no puede modificar por esta vía—, sino que además puede añadir nuevos obstáculos jurídicos, ya que una adjudicación tramitada mediante este procedimiento podría ser impugnada y acabar en el Contencioso si alguna empresa considera que ha sido apartada injustificadamente del proceso, lo que paralizaría por completo la reforma.

«Si el precio está acorde al mercado, ¿por qué no se presentó ni una sola empresa de las que estaban interesadas?»

El laberinto en el que se encuentra el Cabildo de Gran Canaria para desenredar la reforma del Estadio es cada vez mayor. Aunque el Mundial se celebrará en 2030, las obras del recinto deberán estar terminadas en 2029 y el procedimiento negociado nace ya con el rechazo de unas constructoras que han dejado claro que no aceptarán las condiciones actuales. Y el problema va más allá del presupuesto. A los 174 millones de euros previstos —frente a los 220 millones que calcula el sector— se suman unos plazos de ejecución asfixiantes, con fases de obra muy ajustadas y penalizaciones que podrían alcanzar los 80 millones de euros si no se cumplen.

Plan B y C

Pero ante este escenario, Morales, que insiste una y otra vez en que está «muy tranquilo», ya maneja un plan B e incluso un plan C. El presidente insular aseguró este jueves que, si el Cabildo no logra adjudicar los trabajos mediante el procedimiento negociado, explorará «todas las vías posibles». Las siguientes pasarían, precisamente, por lo que reclaman las constructoras: «una modificación del proyecto y la modificación de los precios, si hubiese lugar», recalcó Morales.

Pero para agotar todas esas vías hace falta tiempo, precisamente lo que empieza a escasear. Y cada mes que pasa puede encarecer aún más una obra ya tensionada por la volatilidad de los precios y de las materias primas, un factor que el sector considera imposible de controlar. Por este motivo, la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, Salud Gil, volvió a recordar que «hay que tener prisa». Además, respondió a la afirmación realizada el miércoles por Morales, cuando defendió que el presupuesto «estaba tasado» y que no se encontraba un 40% por debajo del precio real de mercado.

Gil, tras conocer esa declaración de Morales, dejó una pregunta sobre la mesa difícil de esquivar: «Si el precio está acorde a la realidad del mercado, ¿por qué no se presentó ni una sola empresa con todas las que habían mostrado interés?». La respuesta, vino a decir, está en la propia licitación desierta. «Es para reflexionar», zanjó.

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