Arrancan las negociaciones del Cabildo de Gran Canaria con las constructoras para la reforma del estadio: «Estudiaremos rebajar algunas de sus pretensiones»

Negociaciones, revisión del proyecto, posibles ajustes y hasta un nuevo concurso. El Cabildo de Gran Canaria mantiene firme la candidatura de la isla como sede del Mundial de 2030, pese a que la licitación para reformar el estadio haya quedado desierta después de que las constructoras advirtieran de que el presupuesto está alrededor de un 40% por debajo del precio real de mercado, según sus cálculos. Frente a los 174 millones de euros por los que salió a concurso, las empresas sitúan el coste de la obra en torno a los 220 millones, una diferencia que consideran inasumible en las condiciones actuales y que obliga al Cabildo a acelerar los plazos, ya que la reforma deberá estar terminada en 2029. Ante este escenario, el grupo de Gobierno insular se reunió este lunes y fijó su hoja de ruta: abrir un procedimiento negociado con empresas solventes para intentar adjudicar cuanto antes las obras, revisar el proyecto con el equipo redactor y no descarta la convocatoria de un nuevo concurso.

Desde que la semana pasada se conociera que las constructoras no estaban de acuerdo con las bases del contrato, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, insistió en que la institución agotaría todas las vías posibles para adjudicar cuanto antes las obras. Entre las alternativas planteadas figuraban recurrir a un procedimiento negociado y, si fuera necesario, revisar tanto el proyecto como el presupuesto. Ahora, tras la reunión celebrada este lunes por el grupo de Gobierno insular, esa hoja de ruta queda ratificada y se amplía con la posibilidad de convocar un nuevo concurso.

«Suicidio absoluto»

No obstante, las constructoras ya plantaron cara la semana pasada al conocer la intención del Cabildo de recurrir a la vía negociada y llegaron a calificar este procedimiento de «suicidio absoluto». Sostienen que esta fórmula apenas permite introducir cambios en las condiciones iniciales, ya que la Ley de Contratos del Sector Público impide realizar modificaciones sustanciales tanto en el proyecto como en el presupuesto.

Pese a estas advertencias, el presidente aseguró este lunes, tras la reunión del grupo de Gobierno, que la institución iniciará negociaciones con «empresas de reconocida solvencia». Sin embargo, las constructoras ya han dejado claro que partirán de una negativa si se mantienen las mismas condiciones del contrato que llevaron a que la licitación quedara desierta. Por su parte, el consejero de Deportes, Aridany Romero, señaló que en estos momentos el Cabildo está analizando «todas las acciones que nos permite la Ley de Contratos del Sector Público».

Otro de los objetivos de Morales es «estudiar la rebaja de algunas de sus pretensiones del contrato inicial»

A este escenario se suma otro frente que podría complicar la decisión del Cabildo de recurrir a un procedimiento negociado: la posibilidad de que las empresas excluidas impugnen la adjudicación si consideran que han sido apartadas sin una justificación suficiente. En ese caso, el conflicto podría terminar en la vía contencioso-administrativa y provocar una paralización de las obras que no sería compatible con el objetivo de tener listo el estadio en 2029.

Siguiente paso

En cualquier caso, el Cabildo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes no contemplan esta fórmula como la única vía para salvar la candidatura de la isla como sede del Mundial de 2030, sino que ya manejan alternativas por si, como parece previsible, las constructoras se niegan a ejecutar los trabajos sin una revisión presupuestaria.

El siguiente paso será sentarse con el equipo redactor del proyecto arquitectónico L35 ganador para la remodelación del estadio y analizar posibles ajustes. En palabras de Antonio Morales, el objetivo será «estudiar la rebaja de algunas de sus pretensiones» para facilitar la adjudicación de las obras.

Romero: «Estamos analizando todas las acciones permite la Ley de Contratos del Sector Público»

Las constructoras, de hecho, no solo han advertido de que el presupuesto se encuentra alrededor de un 40 % por debajo del precio real de mercado —que sitúan en unos 220 millones de euros—, sino que también cuestionan el elevado coste de algunos materiales, los plazos de ejecución que consideran asfixiantes, y la penalización prevista, equivalente al 50 % del importe total del contrato en caso de incumplir los plazos de entrega.

Buena comunicación

Sin embargo, la Corporación insular ya conocía el malestar de los empresarios incluso antes de que la licitación quedara desierta, pues la presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas, Salud Gil, aseguró que mantuvo una comunicación constante y fluida con la institución insular durante los trámites previos al concurso. En esas conversaciones, y como portavoz del sector, Gil ya advirtió de que el coste de 'La Nube', la estructura que recubrirá el estadio, absorbía casi la mitad del presupuesto previsto, lo que encarecía de forma notable el conjunto de la obra y dejaba un margen económico muy reducido para ejecutar el resto de los trabajos.

Ahora, Morales ha puesto sobre la mesa una alternativa que hasta el momento no había trascendido: convocar un nuevo concurso después de modificar los pliegos, una vía que permitiría adjudicar las obras bajo unas condiciones diferentes y que es, precisamente, la opción que reclaman las empresas por considerarla «más segura». Hasta la reunión celebrada este lunes por la mañana, el presidente del Cabildo había mencionado en reiteradas ocasiones el procedimiento negociado y la posibilidad de introducir modificaciones en el proyecto, pero no había planteado públicamente la convocatoria de una nueva licitación.

La semana pasada, la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas ya defendió que esta sería la vía más adecuada para avanzar por dos razones. La primera es que la convocatoria de un nuevo concurso permitiría modificar los pliegos y revisar las condiciones de la licitación. La segunda es que, al tratarse de un procedimiento abierto y competitivo, se reduciría de forma considerable el riesgo de impugnaciones por parte de otras empresas, ya que la adjudicación no se produciría mediante una negociación directa. A juicio del sector, esta fórmula ofrecería mayores garantías jurídicas y disminuiría la posibilidad de que un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa acabara paralizando las obras.

Precios volátiles

Pero si el Cabildo opta finalmente por esta vía, deberá tener en cuenta otra cuestión que las constructoras ya han puesto sobre la mesa: el tiempo entre la modificación del proyecto y del presupuesto y la convocatoria del nuevo concurso debe reducirse al mínimo. El sector advierte de que los precios son volátiles y de que, si la nueva licitación se demora demasiado, el presupuesto podría volver a quedar desfasado antes incluso de que se adjudiquen las obras. Este riesgo cobra aún más peso en el actual contexto de tensión en el estrecho de Ormuz, con el encarecimiento de las materias primas y una evolución de los costes que dificulta mantener durante mucho tiempo unas previsiones económicas estables.

No obstante, mientras arrancan las negociaciones con las empresas y el Cabildo explora otras vías para salvar in extremis la candidatura de Gran Canaria como sede del Mundial de 2030, el reloj sigue corriendo. Las constructoras insisten en que los trámites deben acelerarse al máximo, todavía más si finalmente se opta por convocar un nuevo concurso, una vía sujeta a plazos fijos y procedimientos administrativos. Aun así, desde el sector sostienen que, «si el Cabildo quiere», la nueva licitación podría ponerse en marcha en un periodo máximo de dos meses.

Eso sí, Morales no da su brazo a torcer y aseguró que el Mundial de 2030 se celebrará en Gran Canaria. El presidente rechazó que la licitación desierta evidencie un fallo en la gestión del Ejecutivo insular y afirmó estar «muy tranquilo», al considerar que todavía queda margen hasta 2029. Sin embargo, el calendario aprieta: las obras tienen un plazo de ejecución de 36 meses, el procedimiento de adjudicación continúa sin resolverse y el proyecto ya acumula retrasos antes incluso de empezar a ejecutarse.

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