El sector de la construcción pide recuperar las ayudas a la entrada de la vivienda y las hipotecas bonificadas frente a la crisis habitacional

La presidenta de la Asociación de Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, considera que una de las soluciones al problema de acceso a la vivienda pasa por recuperar las herramientas que permitieron durante décadas impulsar casas protegidas: restablecer las ayudas públicas a la entrada de la vivienda y desarrollar acuerdos con las entidades financieras para ofrecer hipotecas bonificadas o préstamos hipotecarios con condiciones preferentes.

Durante una reunión, el presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, el portavoz del Grupo Popular en el Cabildo, Miguel Jorge, la secretaria Insular, Mónica Nuez, y la presidenta de la patronal analizaron distintas medidas para afrontar la crisis habitacional.

Gil aseguró que la dificultad actual radica en el desfase existente entre el coste real de construir una vivienda y la capacidad económica de los ciudadanos para adquirirla. "Que no se entretengan en filosofía. Aquí solamente hay dos cuestiones: rentabilidad y presupuesto", afirmó la presidenta de la patronal, aludiendo a la falta de beneficios que obtienen las empresas para construir vivienda protegida y, a su vez, la ausencia de un respaldo financiero suficiente para hacer viables las promociones destinadas a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado.

La presidenta de la patronal recordó que los costes de producción se han incrementado un 46%, lo que hace inviable levantar promociones sin un respaldo público

Aumento de los costes de producción

Gil advirtió de que los costes de producción de la vivienda se han incrementado un 46% en los últimos años, lo que hace inviable levantar promociones destinadas a jóvenes o familias con rentas medias sin un respaldo económico de las administraciones. "No podemos construir al precio que las personas pueden pagar", afirmó.

En este sentido, insistió en que el problema no reside en la falta de iniciativas o programas públicos, sino en la insuficiencia de recursos económicos para sostenerlos. "No hay que inventar teorías ni propuestas", manifestó. Gil explicó que la diferencia entre el coste de construcción y el precio que pueden asumir las familias puede compensarse mediante ayudas públicas dirigidas a cubrir parte de esa brecha económica, mientras que la financiación bonificada permitiría facilitar tanto la actividad promotora como el acceso posterior de los compradores.

Gil trasladó además la disposición del sector privado a participar en un esfuerzo inversor conjunto con las administraciones. Como ejemplo, aseguró que por cada 450 millones de euros que aportara el sector público para impulsar vivienda protegida, la iniciativa privada estaría en condiciones de movilizar alrededor de 2.700 millones de euros adicionales.

Esfuerzo inversor

Respecto a las medidas gubernamentales, la presidenta de la patronal relativizó el alcance del programa Hipoteca Joven, que avala hasta el 95% del precio de compra, al considerarla poca novedosa, ya que "las estructuras de los planes siempre han sido las mismas".

Por su parte, el presidente insular del Partido Popular de Gran Canaria, Carlos Sánchez, reconoció la complejidad del problema y defendió la necesidad de actuar sobre varios frentes de forma simultánea. Entre las medidas que estudia su formación figura precisamente la actualización del precio del módulo de la vivienda protegida para mejorar su rentabilidad y favorecer que los promotores opten por desarrollar este tipo de promociones frente a la vivienda libre.

Más suelo residencial

Asimismo, Sánchez defendió incrementar la disponibilidad de suelo para uso residencial y otorgar un mayor protagonismo al Cabildo de Gran Canaria en la construcción de vivienda durante el próximo mandato. "Para ello es imprescindible generar condiciones que hagan viable la promoción de vivienda pública y trabajar de la mano de quienes conocen la realidad del sector", agregó.

Además, en la misma línea que Gil, el portavoz del Grupo Popular en el Cabildo, Miguel Jorge, explicó que la administración pueden acordar con las entidades financieras líneas de crédito específicas para los promotores, de forma que esos préstamos puedan ser posteriormente subrogados por los compradores cuando adquieran la vivienda.

"Que se pueda financiar al promotor, pero que el promotor pueda subrogar ese préstamo luego en quien adquiere esa vivienda, con lo cual ya haya una cierta garantía de financiación para los jóvenes y para las personas que, de alguna manera, están siendo expulsadas del mercado de la vivienda", abundó.

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