La geopolítica marca la nueva licitación del Estadio de Gran Canaria

La reforma integral del Estadio de Gran Canaria afrontará una segunda licitación en la primera quincena de agosto después de que el concurso convocado el pasado 4 de junio quedara desierto. Ahora, el principal reto del Cabildo ya no es solo presupuestario, sino diseñar un contrato capaz de adaptarse a la incertidumbre provocada por la geopolítica internacional, que condiciona al mercado de la construcción durante los tres años que puede durar la ejecución. Y, al mismo tiempo, garantizar unas condiciones adecuadas en el pliego para que las empresas puedan finalizar las obras antes de julio de 2030, cuando comenzaría el próximo mundial.

Desde que el concurso quedó desierto, la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores de la provincia de Las Palmas ha insistido en que una actuación de esta envergadura incorpora importantes riesgos financieros. Las razones van más allá de la capacidad del equipo técnico encargado de elaborar los pliegos y se encuentran, sobre todo, en escenarios internacionales como el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que afectan a la evolución del precio del petróeo y sus derivados.

El efecto dominó conlleva al encarecimiento de materiales como el acero y el hormigón, esenciales para la obra, por el incremento de los costes energéticos, el precio del transporte marítimo, la disponibilidad de suministros y la inflación de la mano de obra especializada, variables que pueden cambiar de forma significativa a lo largo del plazo de ejecución. Para las constructoras, fijar hoy un precio cerrado para un contrato de estas características implica asumir un riesgo difícilmente calculable.

El contexto internacional afecta al precio de materiales como el acero o el hormigón, esenciales para la obra

“En la anterior licitación tanto los condicionantes del pliego como el importe del presupuesto no encajaba. Ahora estamos a la espera de estudiar el nuevo presupuesto y la lectura del nuevo pliego para poder tomar una decisión responsable y realista", señala Manuel Rodríguez Milán, Director de Producción, Obras y Servicios de Pérez Moreno (constructora del Grupo Pérez Moreno).

Según las estimaciones de la patronal de la construcción de Las Palmas, las cuentas elaboradas por la institución se situaban aproximadamente un 40% por debajo de los precios reales del mercado. Si se traslada al presupuesto de licitación inicial, la reforma podría pasar de los 174,7 millones de euros previstos a superar los 200 millones.

Revisión de precios

El arquitecto Fernando Briganty abunda que ya en el ámbito privado el encarecimiento de materiales derivados del petróleo junto al incremento del precio de la energía y del transporte obliga cada vez con más frecuencia a incorporar cláusulas de revisión de precios. En este sentido, estima que en el sector público resulta mucho más difícil de trasladar este tipo de mecanismos por la rigidez de la legislación para adaptar los contratos a la evolución del mercado.

Briganty recordó que durante la pandemia fue necesario aprobar medidas extraordinarias para permitir la actualización de precios en los contratos públicos ante el fuerte incremento de los costes. "Hoy el precio del petróleo es diez y dentro de dos meses es doce. Tienes que ir absorbiendo un montón de gastos que las empresas no están dispuestas", advirtió, "estamos hablando de un incremento de precios los últimos cuatro años del 30% en la construcción".

Como ejemplo, el arquitecto señaló que esta problemática ya está afectando a promociones públicas de vivienda protegida, donde las empresas encuentran dificultades para mantener las ofertas económicas durante toda la ejecución. En el caso de la reforma del Estadio de Gran Canaria, Bringaty reconoce que no entiende cómo serán capaces de sacar una licitación que cubra los requisitos necesarios para los próximos tres años.

Además, el arquitecto remarca que los procedimientos administrativos de contratación pública suelen ser demasiado lentos, y recuerda que actuaciones de menor entidad suelen requerir entre seis y ocho meses de tramitación. "¿Y lo van a sacar en agosto?", cuestiona. Por ello, concluyó que mantiene serias reservas sobre la viabilidad de la operación: "Yo no lo termino de ver, no me lo creo", sentenció, "pero bueno, ellos sabrán".

Modificar el diseño inicial

No obstante, el incremento presupuestario no es la única vía abierta. En una entrevista el pasado 28 de junio en LA PROVINCIA, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, explicó que "hay temas del estadio que a lo mejor no se tendrían que hacer en su totalidad y que podrían suponer ahorros, porque no son requerimientos de la FIFA para ser sede en el Mundial”.  

El proyecto que salió a concurso el pasado 4 de junio fijaba un presupuesto base de licitación de 174.714.207 euros, con impuestos incluidos. La cifra se obtenía a partir de un Presupuesto de Ejecución Material (PEM) de 137,2 millones de euros, al que se añadían 17,8 millones en gastos generales, 8,2 millones de beneficio industrial y el 7% de IGIC.

El margen de retribución de la empresa constructora por asumir la ejecución del contrato ascendía a 8,2 millones

Ese Presupuesto de Ejecución Material, que engloba todas las partes de la obra, se distribuía en 36 capítulos, pero una única partida concentraba prácticamente la mitad de toda la inversión: la nueva cubierta. Cifrada en unos 60,5 millones de euros, supone el 44,1% del coste directo de la obra y, además de ilustrar la mayor parte de las recreaciones del futuro estadio, permitiría proteger la totalidad del graderío mediante una gran estructura metálica y una membrana textil.

La reforma también permitirá ampliar el aforo hasta los 43.508 espectadores, lo que obliga a construir nuevas estructuras de hormigón y reforzar las cimentaciones, actuaciones que suman más de 31 millones de euros. A ello se añade la renovación completa de las butacas, presupuestada en 3,4 millones.

El proyecto incorpora además las mejoras tecnológicas exigidas para una sede mundialista, con una nueva red de comunicaciones de alta capacidad y un avanzado sistema de videovigilancia y control de seguridad. Estas actuaciones se integran en las partidas de instalaciones eléctricas y de protección, cuyo presupuesto conjunto supera los 9 millones de euros.

Los cálculos partieron del proyecto redactado por L35 Arquitectos y de los estudios realizados durante 2025, entre ellos el informe geotécnico elaborado por Labetec. Este documento concluyó que las características del terreno obligaban a actuaciones profundas para garantizar la estabilidad de la futura estructura.

Gastos generales y beneficios

A todo ello se suman los gastos generales y el beneficio industrial, que son los que transforman el coste de ejecución en el precio final que la administración paga a la empresa adjudicataria. Los gastos generales recogen todos aquellos costes indirectos necesarios para ejecutar la obra: desde el mantenimiento de la estructura empresarial, los salarios del personal técnico y administrativo a los costes financieros derivados de avales o préstamos.

El beneficio industrial, por su parte, constituye el margen de retribución de la empresa constructora por asumir la ejecución del contrato. Fijado en el 6% del Presupuesto de Ejecución Material, absorve parte de los riesgos inherentes a una obra de estas características, como posibles desviaciones de costes o imprevistos durante la ejecución.

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