Agaete recurre a policías locales de Tenerife para La Rama por la falta de interés de los agentes de Gran Canaria

Agaete se ve obligado a recurrir a policías locales del municipio de Güímar (Tenerife) para tratar de garantizar la seguridad en las fiestas de La Rama que arrancan ahora, al contar con una plantilla menguada al mínimo en efectivos y la negativa de los agentes de otros municipios de Gran Canaria a colaborar, después de estar casi un año para cobrar el dinero en la edición del año pasado. La aprobación de la cuenta general en el Pleno ordinario celebrado este jueves deja al descubierto la sangría económica en la que se encuentra la empresa municipal que gestiona las instalaciones deportivas (Acude), que obligarán a una próxima subida de los precios para los 600 usuarios.

El Partido Popular en el gobierno se vio obligado a aprobar por la vía de urgencia la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Güímar (del mismo grupo político) para facilitar el intercambio de policías locales para los actos más multitudinarios de sus fiestas, unas horas antes de que tengan lugar. Se ha visto obligado, según reconoció el concejal del Área, Ramón Cruz, porque no ha encontrado respuesta tras tocar en la puerta de los funcionarios de las localidades grancanarias.

La larga espera de los funcionario de Santa Lucía

El portavoz del BNR, Jesús González, puso sobre la mesa que, a lo mejor, esos agentes foráneos no querían volver a esperar casi un año para recibir su dinero. No en vano, en el pleno de junio se aprobó también por la vía de urgencia el pago de 12.000 euros pendientes de liquidar a policías de Santa Lucía de Tirajana por su colaboración durante las fiestas de agosto desde el año pasado, pese a que a los guardias de Agaete se les abonó tras ese verano de 2025.

A esto su que la plantilla local está bajo mínimos, por la falta de oposiciones durante años, y las bajas médicas de una plantilla convertida en un polvorín interno.

Mientras, Ramón Cruz lanzó al aire la acusación de que los policías foráneos habían recibido llamadas animándoles a desistir de ir a Agaete, sin dar más detalles. Como tampoco informó en la sesión del número de efectivos que desembarcarán desde Tenerife.

72 euros por cada hora de trabajo

El portavoz del BNR en la oposición, Jesús González, desgranó que en el convenio se recogía un aumento sustancial del pago de esas horas extra. De 25 euros del año pasado, apuntó, se pasa a 52 euros por hora el día de La Rama para el funcionario de Agaete; y a 72 euros para los tinerfeños (incluidos los seguros sociales para el ayuntamiento de origen), además del pago del pasaje.

La portavoz del PSOE, Noemí Rosario, criticó la falta de previsión del grupo de gobierno, cuando todo esto debería haberse resuelto con mucha mayor antelación.

Por otro lado, la exposición de la cuenta general del Ayuntamiento saca a relucir la situación deficitaria de la empresa pública Sociedad Municipal Acude-Agaete Cultura y Deporte, la empresa municipal que gestiona el polideportivo, la piscina y las pistas del complejo Fuente Santa, a la que se le ha inyectado 417.000 euros para cuadrar sus cuentas (la aportación supone el 82% de su presupuesto), como sucede de forma regular cada año. El portavoz del PP en el gobierno, Sebastián Suárez, reconoce que se prevé convocar un pleno extraordinario inminente para actualizar las tarifas entre sus 600 usuarios. «La rentabilidad es altísima», defendió, negando que se vaya a privatizar la gestión y que nunca se cobrará por los costes reales de mantenimiento.

Escuela de música

La alcaldesa, María del Carmen Rosario, recriminó que más dinero está costando el cierre de la escuela de música por el pacto BNR-PSOE, que han supuesto en indemnizaciones el desembolso de más de 330.000 euros a las arcas municipales.

Por último, quedó sin apoyo político la propuesta del BNR para pedir responsabilidad patrimonial al abogado que llevó el caso de la denuncia de la promotora Jusan por no presentar documentación al juzgado en tiempo y forma durante el procedimiento, y cuyo fallo en contra obliga al pago de más de medio millón de euros a la empresa por no desarrollar un plan urbanístico durante años como estaba firmado en un convenio entre ambas partes.

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