Costas revisa los derechos de uso sobre los terrenos entre Santa Águeda y El Pajar
Una solicitud de los herederos de los antiguos propietarios del área que quedó bajo dominio público a partir de 1987 eleva la preocupación de los vecinos que habitan en la zona
Paseo marítimo de El Pajar, en San Bartolomé de Tirajana. / José Carlos Guerra
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La Demarcación de Costas en Canarias ha abierto un periodo de información pública para tramitar un expediente que determinará quién conserva los derechos de uso sobre una franja de suelo entre Santa Águeda y la bahía de El Pajar, en San Bartolomé de Tirajana, que forma parte del dominio público marítimo-terrestre desde enero de 1987.
El procedimiento parte de la solicitud presentada por los herederos del conde de la Vega Grande, antiguo propietario del suelo, que reclaman al Estado el reconocimiento de una concesión administrativa por un plazo de 30 años para ejercer la ocupación y aprovechamiento sobre esos terrenos. Los solicitantes sostienen que eran los legítimos titulares antes de que la franja pasara a formar parte del dominio público y apelan a la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas, que prevé compensaciones a cambio de ceder o perder la propiedad de sus terrenos tras la entrada en vigor de la normativa.
Los herederos nunca habían reclamado esa concesión hasta ahora, si bien, según el Reglamento de la Ley de Costas, el Ministerio debería haberla otorgado de oficio (automáticamente). Por tanto, los solicitantes sostienen que, como el Gobierno nunca cumplió con su obligación de otorgarles la concesión, el derecho queda pendiente. Bajo esta premisa, la solicitud busca que se les reconozca los usos y aprovechamientos que ya estaban consolidados en la franja costera: dos establecimientos de restauración, un acceso para embarcaciones náuticas y un local destinado a la actividad pesquera.
Rechazo vecinal
La Asociación de Vecinos Bahía de Santa Águeda ha manifestado su "más firme rechazo" al procedimiento, advirtiendo que podría afectar gravemente a los derechos de numerosas familias del pueblo. En un comunicado defienden que en estos casi 40 años la realidad urbanística y patrimonial ha cambiado drásticamente, con segregaciones y promociones públicas de viviendas que han dado lugar a fincas perfectamente individualizadas y consolidadas.
"Cualquier actuación administrativa debe abordarse con el máximo rigor y respeto a la seguridad jurídica", señala la asociación. Los vecinos muestran además su preocupación porque este procedimiento coincida con varios procesos judiciales abiertos en los que los residentes ya defienden la titularidad de sus viviendas, lo que, a su juicio, añade incertidumbre sobre el futuro de la zona.
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