San Bartolomé de Tirajana expropia la última finca para construir el parque comercial de El Hornillo

San Bartolomé de Tirajana ha dado un nuevo paso para culminar la expropiación de parte de una finca situada en el sector de El Hornillo, después de un prolongado procedimiento urbanístico y judicial. Una resolución municipal del 10 de agosto de 2026 ordena continuar la tramitación del expediente y cita a dos de los propietarios para formalizar las actas de ocupación y pago. El proyecto pretende crear un gran parque comercial, dos colegios y 319 nuevas viviendas.

La actuación afecta a la finca registral número 9.684, que tiene una superficie aportada de 7.124 metros cuadrados. Los propietarios convocados, R.P.M y M.R.S., son titulares del 97,89% de la propiedad, equivalente a 6.973,68 metros cuadrados. El 2,11% restante, unos 150 metros cuadrados, figura a nombre de la sociedad Ci Prolonga S.L.

La decisión municipal llega después de una sucesión de recursos y resoluciones judiciales que han condicionado durante años el desarrollo urbanístico de este ámbito. Los titulares de la finca 9.684 recurrieron un acuerdo de la Junta de Gobierno Local de diciembre de 2024 y solicitaron que se suspendiera el procedimiento que afectaba a su propiedad. En junio de 2025, un órgano judicial de Las Palmas aceptó cautelarmente esa petición y acordó suspender la tramitación sobre la finca, además de permitir la anotación preventiva del recurso en el Registro de la Propiedad. Esta medida tuvo consecuencias posteriores: cuando el Ayuntamiento trató de inscribir actuaciones relacionadas con la iniciativa urbanística, su eficacia quedó suspendida precisamente por la existencia de aquella decisión cautelar.

El conflicto tenía antecedentes. La propia resolución municipal recuerda una sentencia de julio de 2024 que estimó parcialmente otro recurso y anuló unas anteriores actas de ocupación, así como un acuerdo municipal de julio de 2022 y la certificación remitida al Registro de la Propiedad. Ese pronunciamiento forma parte del complejo recorrido administrativo y judicial que explica que el expediente haya tenido que ser revisado en varias ocasiones. La situación cambió este año. El TSJC dictó el 20 de mayo de 2026 una sentencia relativa al recurso presentado contra la medida cautelar de junio de 2025. El tribunal consideró que ese recurso había perdido posteriormente su objeto, lo que permitió desbloquear la continuación del procedimiento.

A raíz de ese escenario judicial, la Junta de Compensación promovió la revocación de la medida cautelar. Posteriormente se ofreció a los propietarios la posibilidad de incorporarse a la iniciativa urbanística mediante su adhesión a la Junta de Compensación. El documento municipal señala, sin embargo, que esa adhesión no se formalizó dentro del plazo reglamentario.

El proyecto urbanístico, aprobado en 2025

Paralelamente a los litigios, el Ayuntamiento culminó en junio de 2025 la aprobación definitiva de la iniciativa urbanística, que incluye el proyecto de reparcelación y expropiación. Posteriormente se ratificó la constitución de la Junta de Compensación y se siguieron los trámites para expropiar las propiedades cuyos titulares no se habían incorporado a la iniciativa.

La resolución de agosto de 2026 considera ahora que existen las condiciones necesarias para continuar específicamente con la finca 9.684 y proceder a levantar unas nuevas actas de ocupación y pago.

La Junta de Compensación del sector de El Hornillo actúa como beneficiaria de la expropiación. El Ayuntamiento establece que deberá acreditar el pago o depósito de la cantidad correspondiente a la valoración de los terrenos antes de que se formalice la ocupación, de acuerdo con el proyecto expropiatorio aprobado definitivamente en agosto de 2025

Suscríbete para seguir leyendo