La nueva fase de la operación Unión, que ayer sacudió por tercera vez el corazón político y financiero de Lanzarote, se centra ahora en Urbaser. La empresa de ámbito nacional gestiona la limpieza y recogida de residuos en Arrecife, uno de los municipios más afectados por la trama de corrupción que investiga el Grupo de Delincuencia Urbanística de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), bajo la dirección del magistrado instructor y la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas.

Los investigadores siguen la pista de varios pagos en comisiones ilegales que rondan los 300.000 euros. Todo a cambio de la concesión del servicio de limpieza, que fue adjudicado el mandato anterior a Urbaser por María Isabel Déniz. La ex alcaldesa y diputada por Coalición Canaria en la pasada legislatura, en estos momentos asesora del Gobierno regional, será interrogada en los próximos días por el presunto cobro de esos sobornos, un delito por el que también están imputados el jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Juan Rafael Arrocha, y el gerente de la empresa ganadora del concurso, Jacinto Álvarez, entre otros.

Los investigadores consideran que el cerebro de esas operaciones era Arrocha, pues no sólo estaba al corriente de ellas como ingeniero jefe del departamento, sino que participaba de forma activa en los supuestos tejemanejes. En ellos se incluye el posible cobro de comisiones a cambio de tramitar con mayor celeridad determinados expedientes, además de aumentar sin justificación alguna los costes del servicio para inflar las facturas que el Ayuntamiento abonaba a Urbaser, según ha podido saber este periódico.

En ese contexto, la pista más contundente y clara seguida por los investigadores es la adjudicación del servicio de limpieza, entre otros motivos porque hay un imputado en la causa que ha reconocido y detallado el pago a terceros de las mencionadas comisiones.

Además, la Guardia Civil también ha detenido en Madrid al ingeniero de la empresa, Stephani Jean Valverde, presumiblemente por elaborar el pliego de condiciones del concurso para que la oferta de Urbaser resultase ganadora.

La redacción de las bases es potestad exclusiva de la administración, y por eso en el desarrollo del proceso administrativo se pudo haber hecho uso de información privilegiada. De ahí que los detenidos se enfrenten también a los delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, aunque este último hecho delictivo parece estar más relacionado con un entramado de sociedades que concentrará buena parte del interrogatorio judicial.

Y es que Arrocha y otros dos arrestados, Julio Romero y Manuel Jesús Spínola, constituyen una empresa de asesoría técnica que está relacionada con la celebración del citado concurso. Romero arrastra una larga trayectoria de militancia en el Partido Popular (PP), fue consejero del Cabildo de Lanzarote y en la actualidad dirige una sucursal bancaria en Arrecife, mientras que Spínola es técnico de Actividades Clasificadas en la institución insular. La sociedad que está bajo sospecha se llama Gamma.

El resto de los detenidos guarda algún tipo de vinculación con la adjudicación o con la actividad de los residuos en la Isla, como es el caso de Miguel Ángel Leal (PSOE), que fue consejero del ramo en el Cabildo.

IMPORTANCIA. La Benemérita ha bautizado como operación Jable esta tercera fase del caso Unión, que sigue abierto y puede desencadenar nuevos arrestos. Se trata de "la trama más importante de Lanzarote dedicada al cobro de comisiones ilegales a empresarios, así como al enriquecimiento económico de cargos públicos que compartían intereses en sociedades beneficiadas en dichas actividades", según explica la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil en un comunicado.

La nota describe, a grandes rasgos -las pesquisas son secretas-, cómo funcionaba el entramado. "Los beneficios económicos procedentes del pago de facturas por servicios prestados a la administración, adjudicación de contratos o la revisión de los mismos, dependían en buena medida de las decisiones administrativas de los cargos y ex cargos públicos pertenecientes a la organización", agrega la Guardia Civil.

* TODA LA INFORMACIÓN SOBRE EL 'CASO UNIÓN' EN LA EDICIÓN IMPRESA DE LA PROVINCIA / DLP.