La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo ayer en el marco de la operación Jable, iniciada a raíz del caso Unión, a Juan Francisco Rosa, el empresario más importante de Lanzarote y uno de los más destacados del panorama turístico canario. Rosa es investigado dentro del presunto entramado de ocultamiento de bienes relacionado con el fundador del PIL, Dimas Martín. De hecho, el empresario será interrogado hoy por los delitos de alzamiento de bienes y falsificación en documento mercantil, según fuentes de la investigación.

Y es que parte de la operación Jable -la tercera fase de Unión- hunde sus tentáculos en una red de presuntos testaferros, los cuales podrían haber ayudado a Martín a ocultar sus propiedades para evitarle embargos. El líder del PIL cumple ocho años de cárcel por malversación, pero se ha declarado insolvente y no ha abonado los casi seis millones de euros que debe a la Administración de Justicia en concepto de responsabilidad civil.

Además, en el sumario de la investigación, consta que Dimas Martín era un empleado de Galerías Rosa, sociedad registrada ayer por la UCO tras el arresto del empresario en Arrecife.

Los investigadores consideran que Martín no trabajaba para Juan Francisco Rosa, sino que su contratación era una supuesta tapadera para conseguir beneficios penitenciarios y salir de prisión (tercer grado). A su vez, se investiga si el empresario pudo acudir a Dimas para que éste intercediera y le resolviera los problemas de sus hoteles en Yaiza, cuyas licencias fueron declaradas nulas por el Tribunal Superior de Justicia.

De hecho, en las declaraciones de Dimas ante el juez del caso Unión reconoce que efectivamente estaba contratado para una empresa de Juan Francisco Rosa dedicándose a la supervisión de obras, moviéndose por la isla, pero sin acudir a un puesto de trabajo fijo y por el que cobraba unos mil euros al mes.

Rosa aparecía ya, por tanto, en el sumario del caso Unión, una trama de presunta corrupción urbanística y pago de comisiones ilegales que investiga el magistrado Pamparacuatro.

La detención de ayer de Juan Francisco Rosa parece ser una muestra de la profundidad que podría tener el supuesto entramado empresarial que se investiga y que podría tener como fin el ocultamiento de bienes del histórico líder del PIL.

LIBERTAD PARA DOCAL. Por otro lado, el magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de Arrecife dejó ayer en libertad a la consejera de Presidencia del Cabildo, María José Docal, y a la edila de Festejos de Arrecife, Luisa Blanca, detenidas en la mañana del pasado martes. Según la comunicación oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a Docal se le imputa un delito de cohecho.

Poco después de que Docal abandonara el Palacio de Justicia de Arrecife, el juez llamó de nuevo a declarar al ex edil del Ayuntamiento capitalino, José Miguel Rodríguez, sobre el que pesan los cargos de cohecho, asociación ilícita y malversación. Horas más tarde volvió a salir de los juzgados. Es muy probable que su cita ante el juez esté relacionada con las declaraciones de sus compañeras de partido en Arrecife, pues Rodríguez es uno de los imputados que está colaborando con la investigación.

Tras la salida del juzgado de Rodríguez, algo más de una hora después, quedó en libertad la concejala Luisa Blanco. A Blanco, el magistrado le imputa los delitos de cohecho y malversación de caudales públicos. Sin embargo, su puesta en libertad está supeditada a que antes del próximo 10 de mayo constituya una fianza de seis mil euros. De no hacerlo ingresará en prisión provisional.

A última hora de anoche prestaba declaración ante Pamparacuatro el empresario Demetrio Rodríguez, mientras que está prevista para la jornada de hoy la comparecencia del otro edil de Arrecife, Antonio Machín, y del empresario hotelero Juan Francisco Rosa.