La Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ha dado un paso para desatascar el proceso administrativo para que se pueda construir el Palacio de Congresos de Arrecife. Gran parte de los problemas se centran en que la parcela de 15.000 metros cuadrados donde debe levantarse sigue considerada en parte como espacio de dominio público desde 1971. Sin embargo, Costas, a petición del Ayuntamiento, ha dado trámite a un procedimiento que modifica esta condición al considerar que esa zona "ha perdido sus características naturales de playa", lo cual daría vía libre a la edificación.

La definición provisional del nuevo deslinde en la Baja del Camello (frente a la sede del Cabildo, aproximadamente) permanecerá en exposición pública hasta finales de este mes para que particulares e instituciones puedan plantear las alegaciones que consideren oportunas. El concejal de Urbanismo de Arrecife, Pedro de Armas, precisó que también avanza la modificación puntual del Plan General aprobada en pleno en marzo de 2009, otro requisito que, según explicó, sigue su curso una vez que la Cotmac (Comisión de Territorio y Medio Ambiente de Canarias) aprobara recientemente el estudio de impacto medioambiental. No obstante, matizó que la parcela difícilmente estará disponible en la práctica antes de octubre o noviembre.

El proyecto, obra del arquitecto lanzaroteño Carlos Morales y del estudio Henning Larsen Architest, ganó en febrero de 2009 el concurso convocado por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, que financiará la obra en un coste que todavía no ha sido determinado con precisión. Por el momento, para este año figuran 2,7 millones de euros en los presupuestos regionales y De Armas comentó ayer que Morales "sigue trabajando" en la definición del proyecto de obra. La propuesta se impuso en el concurso a otras 51 llegadas de España y el extranjero.

Sin fecha de inicio

Lo cierto es que, pese a estos avances en la adaptación urbana del solar, a día de hoy resulta imposible fijar una fecha para la adjudicación de las obras. El actual grupo de gobierno considera prácticamente imposible que esto pueda suceder antes de 2012, sobre todo por la lentitud de los trámites burocráticos.