La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al secretario municipal de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes y el aparejador del mismo Ayuntamiento, Pablo Carrasco, a siete años de inhabilitación para su cargo y a una multa de casi 9.000 euros por un delito continuado contra la ordenación del territorio. En la misma sentencia se absuelve por ese mismo delito al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes y al técnico Alfredo Morales; así como al propio Carrasco del delito de falsedad en documento público. La Sala aplica el atenuante de dilaciones indebidas.
La vista oral del juicio se celebró el pasado mes de junio y los hechos se remontan a 1998 cuando la sociedad Casas Conejeras adquirió un terreno rústico de 12.500 metros cuadrados en Las Breñas (Yaiza). El Ayuntamiento permitió construir en suelo rústico nueve viviendas unifamiliares. El ex alcalde reconoció en el juicio que concedió las licencias basándose en los informes técnicos a pesar de que admitió que algunos ni siquiera los leía. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló las licencias de los chalés.
Es la segunda condena en el plazo de un mes para Carrasco y Bartolomé, que en noviembre fueron condenados por unos hechos muy similares a cuatro meses de prisión y dos años de inhabilitación. El secretario, que también está imputado en el caso de los hoteles ilegales y en la operación Unión, se mantiene en su cargo.
La sentencia considera probado que Bartolomé y Carrasco informaron favorablemente de esas licencias en suelo rústico, haciendo constar que se trataba de un solar, dándole al suelo la categoría de urbano y sin certificar, por otro lado, que la finca matriz debía ir disminuyendo de tamaño por las segregaciones que se iban realizando.
ABSOLUCIÓN
El tribunal Absuelve a Reyes señalando que “esta Sala arbitra dudas en cuanto al real conocimiento que tuviere de la ilegalidad de la actuación urbanística que posibilitó con los decretos que firmara”. Dice que por otra parte su conducta estaba amparada en los informes al tratarse de un persona lega en Derecho, lo que dificulta apreciar que lo hizo “a sabiendas”.
Señala la sentencia que “aunque su larga condición de alcalde del municipio, admitiendo en su declaración plenaria que conocía que el Plan de Yaiza no estaba adaptado al PIOT de Lanzarote, así como la expresa advertencia que en tal sentido se hiciere por el secretario del ayuntamiento (…) podría determinar que conociere la verdadera situación urbanística de la finca en cuestión, entendemos que tales indicios justifican el juicio de acusación, más no la condena penal dada la taxatividad y la exclusión del dolo eventual para esta figura delictivas”
José Francisco Reyes Rodríguez tiene una condena firme de enero de 2010 de inhabilitación por prevaricación urbanística, fue detenido en la operación Unión y es el principal acusado en el caso de los hoteles ilegales, por lo que estuvo en prisión provisional. Tanto él como su mujer y tres hijos están acusados de blanqueo de capitales, entre otros delitos.
