La asamblea del Consorcio del Agua, formada por el Cabildo y los siete ayuntamientos, propietarios de Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), defendió ayer mantener "el cien por cien" de la empresa como propiedad pública "como instrumento válido para la producción y distribución del agua de abasto en la Isla" y rechazó su liquidación.

En ese sentido, las instituciones acordaron continuar con las directrices establecidas en su momento para devolver la viabilidad económica a Inalsa, intervenida judicialmente desde junio de 2009 y gestionada desde entonces por tres administradores concursales nombrados por el juez de lo mercantil.

El presidente cabildicio, Pedro San Ginés, expuso la pasada jornada al resto de miembros del consorcio, un borrador con las distintas propuestas de convenios planteadas por los servicios jurídicos del consorcio e Inalsa para alcanzar acuerdos de pago con los acreedores. La cantidad adeudada en su conjunto a Endesa, Aguas Filtradas y FCC, ronda los 40 millones de euros y fue, precisamente, esa deuda la que propició la intervención judicial de la empresa.

El Consorcio del Agua se dio de plazo hasta enero para estudiar los documentos presentados por San Ginés, quien indicó que "la idea es convocar nuevamente la asamblea a principios de 2012 para adoptar alguna decisión al respecto que trasladar al juez de lo mercantil y a los acreedores".

Nuevos auditores

En otro orden de cosas, el Cabildo y los ayuntamientos dieron su visto bueno a la sugerencia de los administradores concursales de Inalsa de nombrar a la entidad Luján Auditores S.L Auditor de Cuentas, para la verificación de los próximos ejercicios económicos.

Sin embargo, la asamblea rechazó las cuentas de Inalsa correspondientes a 2009 presentadas por los administradores concursales porque considera, entre otras cuestiones, que "ni la valoración de los activos de la empresa pública se corresponde con los propios documentos elaborados por los administradores, ni los honorarios que perciben, con lo fijado por la justicia". El juez de lo mercantil desestimó subir de 225.210 a 315.363 euros el sueldo de los tres administradores, tal y como éstos reclamaron.