La Fiscalía de área de Lanzarote y Fuerteventura ha abierto diligencias de investigación ante los indicios de delitos que han podido apreciar tras un primer visionado del reportaje de la cadena de televisión Cuatro en el que se denuncian presuntos malos tratos a algunos de los mayores de la residencia de ancianos Sol de otoño ubicada en el municipio de Tías.
Una iniciativa que contrasta con el importante número de familiares de ancianos que ayer respaldaron la labor que se ejerce en esta residencia en el encuentro mantenido con el alcalde de Tías, Francisco Hernández, para tratar el realojo de los internos tras la decisión del Ayuntamiento de precintar el inmueble por carecer de licencia para ejercer esta actividad.
De forma paralela, el Juzgado número 3 de Arrecife, que está de guardia, está a la espera de recibir el atestado realizado por la Guardia Civil sobre la residencia para decidir si abre también diligencias. En los juzgados de Arrecife, según fuentes judiciales, se han recibido ya varias denuncias de familiares de internos en esta residencia, informa Acn.
Un técnico de la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias entregaba ayer a los responsables de la residencia Sol de Otoño un escrito en el que se le comunicaba la orden de cierre de las instalaciones, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitía una sentencia el pasado mes de noviembre ordenando la clausura de la actividad por graves deficiencias administrativas. La consejera de Bienestar Social, Inés Rojas, mantiene que la residencia tendrá que cerrar en las próximas semanas ante la imposibilidad de presentar más recursos ante los tribunales.
Sin licencia
El Ayuntamiento de Tías confirmó ayer que la residencia carece de licencia de apertura para el alojamiento de personas mayores a pesar de que tiene una licencia concedida en el año 2000 para la asistencia de ancianos que no da cabida a las actividades que se realizan en la actualidad. La consejera de Bienestar Social mantenía anoche una reunión de urgencia con los familiares afectados para darles a conocer la situación de una residencia que tendrá que cerrar por sus irregularidades y estudiar también el realojo obligatorio de los pacientes.
