El Cabildo de Lanzarote presentó ayer, a través de los servicios jurídicos de Inalsa, en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria una demanda para exigir el cese de los tres administradores concursales de Inalsa a los que se les acusa de estar "generando graves perjuicios económicos" a la empresa pública del agua y de haber inflado el valor de los bienes de Inalsa para conseguir una mayor remuneración económica por su trabajo.

En la demanda de Inalsa (en la que el Cabildo tiene el control de las acciones junto a los ayuntamientos) se denuncia que los administradores concursales valoraron los activos de esta empresa pública en 55,8 millones de euros, es decir, 23,6 millones más de su valor neto contable.

El sueldo de los administradores concursales se calcula por una tabla salarial que fija la Ley Concursal en base al valor de los activos (bienes) y pasivos (deudas) de la empresa intervenida. Así, cuanto más valen los bienes de una empresa más dinero perciben aquellos que el juez designa para gestionar la empresa mientras dura el proceso concursal. También se tiene en cuenta para incrementar el salario la complejidad del concurso de acreedores.

"Es obvio y evidente que los administradores concursales han actuado cuanto menos de forma absolutamente desleal con la concursada pues da la impresión de que varió datos, sin seguir los criterios legalmente establecidos en las leyes, y en contra de sus propios actos, para conseguir una mayor remuneración a costa de la masa del concurso", señala la demanda.

En diciembre de 2010 el juez de lo Mercantil fijó una retribución de 315.210 euros para cada uno de los tres administradores concursales por intervenir en todo el proceso. De esa cantidad, el 50% se cobraría dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza del auto que fijó ese importe y el 50% restante dentro de los 5 días siguientes al de la firmeza de la resolución que ponga fin a la fase común (que previsiblemente será en los próximos meses).

Sin embargo, en junio de 2011 el juez emitió un nuevo auto por el que disminuía la retribución de los administradores fijándola en 225.210 euros para cada uno. No obstante, según el Cabildo los administradores ya han percibido algo más de 150.000 euros cuando "a día de hoy deberían haber percibido como máximo 112.605 euros, no constando que hayan procedido al ingreso de lo cobrado por encima de lo autorizado".

En la demanda se afirma que "sin duda alguna resulta no ya ilegal sino desleal y poco ético que los administradores concursales de una sociedad pública que gestiona fondos públicos perciban cantidades que no le correspondan legalmente y en importes superiores a los fijados por el propio juez". El Cabildo pide al juez el "cese inmediato" de los concursales.