El arquitecto lanzaroteño y esposo de Alexia de Grecia está inmerso hasta en cuatro operaciones presuntamente ilegales dentro del denominado caso Unión, que investiga el Juzgado de Instancia número 5 de Arrecife. Los pinchazos telefónicos acordados en su momento por el juez César Romero Pamparacuatro, que inició la instrucción de esta causa, han ido desgranando una serie de presuntas irregularidades cometidas por Carlos Morales en Yaiza y Arrecife.
La concesión presuntamente ilegal de la licencia para la construcción de su vivienda en Puerto Calero, el supuesto apaño para la redacción del avance del Plan General de Arrecife, la adjudicación del proyecto para construir una plaza pública y el favor para agilizar la licencia de un conjunto de casas son los cuatro casos en los que está implicado el marido de la sobrina de los Reyes de España.
Según la tesis de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el líder del PIL, Dimas Martín, habría dado instrucciones a los por entonces concejales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife, Ubaldo Becerra, y de Urbanismo, José Miguel Rodríguez, "a fin de que la redacción del avance del nuevo PGOU de dicho municipio fuera adjudicado de forma directa y sin seguir procedimiento legal alguno a los arquitectos Carlos Morales, Víctor Alberto Sánchez y José María Pérez".
En el auto de la juez María Lucía Barrancos y siguiendo los informes de la UCO se destaca que con la finalidad de ocultar que Carlos Morales era primo del concejal Ubaldo Becerra, "lo que podría despertar las sospechas sobre la adjudicación del avance del PGOU, los arquitectos mencionados se ocultarían bajo el nombre del también arquitecto Pedro Lorenzo Luna, que simplemente se limitaría a firmar el trabajo realizado por los primeros".
El auto añade que Becerra, Dimas Martín y Rodríguez "habrían procedido a la adjudicación de hecho de la redacción del avance del PGOU de Arrecife al grupo de arquitectos encabezados por el propio primo del primero, Carlos Morales, ignorando total y absolutamente el procedimiento reglamentario a seguir para la adjudicación de dicho concurso, y sin plasmar tal decisión administrativa en ningún acto formal por escrito, el cual habrían planeado arreglar posteriormente a través de una adjudicación simulada al otro arquitecto interpuesto, Pedro Lorenzo Santana".
Según la UCO, Becerra, haciendo uso de información que sólo habría podido conocer con ocasión de su cargo, habría utilizado la misma para ofrecer a su primo, "al margen de todo procedimiento", la realización del proyecto de una plaza pública en Arrecife con cargo al Plan E, ofrecimiento que éste habría aceptado.
En el auto se señala que Becerra, "prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo y de su posesión de ascendencia sobre los funcionarios de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, habría acelerado la concesión de una licencia solicitada por la empresa Promociones Conjunto La Vereda, previa solicitud de su primo, Carlos Morales, evitando que éste tuviese que presentar el necesario poder de representación de la empresa solicitante de la licencia".
Según el auto, aunque finalmente no se pudo presentar, "ello no habría llegado a suponer ningún obstáculo para la concesión de la licencia que de otro modo se habría retrasado más de un mes, hasta celebrar la siguiente junta de gobierno".
