El que fuera concejal del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Arrecife en los dos primeros años del ante-rior mandato, Ubaldo Becerra, habría solicitado presuntamente a un empresario lanzaroteño una comisión de 400.000 euros para interceder en su beneficio en la redacción del futuro Plan General de la capital lanzaroteña.

Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que se recogen en el sumario del Caso Unión, Ubaldo Becerra habría utilizado al miembro del PIL Dayrán Muñoz para pedirle al empresario Fermín Curbelo los 400.000 euros.

Muñoz también está imputado en esta causa por buscar empresarios que, por tener algún interés económico concreto pendiente de alguna decisión administrativa, pudieran estar dispuestos al pago de una comisión ilegal para facilitar dicho trámite administrativo.

Según la UCO, el constructor y administrador desde finales de 2008 de Curbelanz, Fermín Curbelo, "cuyos intereses económicos dependerían de la recalificación de unos terrenos en principio no incluidos en el PGOU de Arrecife, "habría solicitado de Ubaldo Becerra que dichos terrenos se calificasen como suelo urbano no consolidado a efectos de construir viviendas de protección oficial".

En las investigaciones realizadas por la UCO se señala que Becerra, que también era teniente de alcalde, "habría accedido a solucionar la cuestión que se le planteó y se habría comprometido a realizar algunas gestiones en la oficina técnica del Ayuntamiento de Arrecife. Becerra está acusado entre otros delitos por cohecho, malversación de caudales públicos y por asociación ilícita.