La empresa que resulte adjudicataria del concurso para gestionar los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización del agua en Lanzarote y La Graciosa deberá desembolsar unos 120 millones de euros en un periodo de 25 años, desde la adjudicación del contrato, al Consorcio del Agua, formado por el Cabildo y los siete ayuntamientos de la Isla, propietarios de Inalsa, que conservará su titularidad de ente público.

De entrada, el concesionario deberá afrontar un canon inicial cuyo importe mínimo ha sido fijado en el pliego de condiciones que rige el concurso, cuya convocatoria fue publicada ayer en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en 50 millones de euros, que incluye la reducción de deuda tras el acuerdo con los principales acreedores: Endesa, Aguas Filtradas y Edam Janubio.

Esos 50 millones, explicó el presidente del Cabildo y del Consorcio del Agua, Pedro San Ginés, se destinarán a "saldar las deudas que mantiene Inalsa con sus principales acreedores y concluirá, de ese modo, el proceso de administración concursal que afecta a la empresa pública desde 2009".

Además, dentro del canon inicial (incluye los 50 millones a los acreedores) a pagar por el adjudicatario, éste deberá financiar y ejecutar un plan de inversión en los cinco primeros años de contrato por un valor mínimo de 15.737.425 euros, de los que 12.430.207 deberán materializarse en las dos primeras anualidades. Entre la batería de más de treinta actuaciones previstas, para mejorar el servicio figuran la sustitución de membranas antiguas por otras nuevas para aumentar la producción de agua; la adecuación de las estaciones de bombeo y de los depósitos; y una campaña de detección de fugas y de fraude.

Por otro lado, el nuevo gestor deberá ingresar un mínimo de 1,5 millones de euros al consorcio, procedentes de tres cánones variables. Gracias al primero (A) el Cabildo y los ayuntamientos percibirán "como mínimo el 4% de los ingresos obtenidos por el concesionario en concepto de tarifas durante el ejercicio, con una estimación anual superior al millón de euros brutos". El canon B establece, al menos, "el 15% de los ingresos tarifarios excedentes anuales que se produzcan por encima de los que contempla el modelo económico financiero", mientras que a través del canon C, "la mitad de las subvenciones o ayudas públicas que reciba la empresa", deberán ir al consorcio. Si hay inversiones públicas (canon extraordinario), el posible ahorro en los costes de producción deberá ingresarse al consorcio.

San Ginés destacó que el pliego "recoge la imposibilidad de incrementar, pase lo que pase, las actuales tarifas de abastecimiento y saneamiento durante los próximos cuatro años" y precisó que "sólo a partir de 2017, es decir, después de cuatro años de gestión, el concesionario tendrá la posibilidad de proponer al consorcio un aumento limitado exclusivamente al Índice de Precios al Consumo (IPC) y la subida que en ese momento se haya producido en la tarificación eléctrica".

El presidente calificó "de inédito en España" el pliego elaborado por la consultora Professional Water & Partners S. L., con aportaciones del Cabildo, para este concurso, por "las extraordinarias ventajas para la administración pública, las cuales han sido posibles como consecuencia de la crisis económica del país y el régimen de casi monopolio en el que actúa Inalsa en la Isla".