El exalcalde de San Bartolomé Marcial Martín, la actual regidora, María Dolores Corujo, la concejala de Economía y Hacienda, Carmen González, y el secretario municipal, José Manuel Fiestas, declararon ayer, como testigos, en el juzgado no 4 de Arrecife dentro de la operación Montecarlo, que investiga supuestas irregularidades en ese consistorio y en los de Arrecife y La Oliva (Fuerteventura) por malversaciones de caudales públicos.
En sus comparecencias, los testigos manifestaron que en 2009, durante la etapa de Martín como alcalde, el empresario José Montesinos (en prisión provisional por esa causa), quien prestaba sus servicios como gestor tributario al Ayuntamiento, reclamó al consistorio que le reconociera 46.000 euros en deudas para poder acogerse al pago de la misma a través de la línea de créditos ICO. Dichas facturas contaban con el visto bueno del interventor, Carlos Sáenz (en prisión preventiva por este caso), pero el tesorero advirtió de irregularidades en las mismas, por lo que puso reparos a los pagos. En la investigación local se descubrió que Montesinos pudo recibir 76.000 euros de más antes de 2007 por servicios que no dio.
