El abogado y exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias Francisco Rodríguez Batllori se apoyó ayer en las declaraciones del consejero de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, para intentar demostrar que no ha cobrado facturas falsas y desmontar la tesis de la Fiscalía que sostiene que recibió dinero tanto de la empresa pública del agua de Lanzarote (Inalsa) como del Ayuntamiento de Arrecife por trabajos ficticios para estas dos instituciones pero en compensación al asesoramiento jurídico particular del líder del PIL, Dimas Martín.
Berriel acudía ayer al Juzgado de Instancia número 5 de Arrecife en calidad de testigo de la defensa de Rodríguez Batllori. Aunque el consejero de Obras Públicas no quiso desvelar el contenido de sus declaraciones sí dijo que había ratificado la presencia de una persona (sin identificar) en una reunión que tuvo lugar en la Consejería de Política Territorial.
El que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas Javier Sánches Simón fue otro de los testigos que ayer declararon en los juzgados de Arrecife a propuesta de la defensa de Batllori para avalar también el papel de asesor del exviceconsejero de Justicia en una reunión en las oficinas portuarias.
La Fiscalía ha imputado a Rodríguez Batllori por los presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos por haber cobrado unas facturas en Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife por unos 27.000 euros por trabajos no realizados a estas dos instituciones. Batllori fue detenido en la segunda fase de la Operación Unión.
