El Juzgado número 5 de Arrecife aprecia "claros indicios" de sustracción de fondos públicos en la investigación abierta contra el exconsejero del Gobierno canario Francisco José Rodríguez Batllori (CC) y el fundador del PIL, Dimas Martín, por trabajos facturados al Ayuntamiento y a Inalsa.

En un auto de esta pieza del denominado "caso Unión" hecho público, la juez da por concluida la instrucción de este procedimiento en el que también figuran como imputados los ediles José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco y los concejales y cargos de Inalsa Plácida Guerra y Rafael Elorrieta, yerno además de Dimas Martín, todos ellos pertenecientes al PIL.

La juez considera que han podido cometer delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad documental y fraude a la administración pública, por lo que emplaza a las partes a que formulen sus correspondientes escritos de acusación y defensa.

Según la instructora, Batllori recibió 43.039 euros del Ayuntamiento y de la Empresa Insular de Aguas de Lanzarote, perteneciente al Cabildo y los ayuntamientos de la isla, entre marzo de 2008 y abril de 2009 en calidad de letrado, y por orden del líder del PIL, en compensación de las "gestiones que hacía en su nombre", mientras él cumplía en prisión las condenas impuestas en otros procedimientos.

La juez señala que Dimas Martín, pese a estar inhabilitado legalmente para ejercer cargos públicos, "mantenía un dominio absoluto respecto a las órdenes e instrucciones concretas a dar a los concejales de su partido en el Ayuntamiento de Arrecife e Inalsa".

Los coimputados José Miguel Rodríguez y María Luisa Blanco coincidieron en sus declaraciones ante la instructora en que Dimas Martín habló con ellos para que Batllori les asesorara en el Ayuntamiento y uno de los ediles reconoció que no llegó a desarrollar trabajo alguno para el Consistorio.

El auto añade que, en el caso de Inalsa, al igual que en el Ayuntamiento, tampoco consta contrato con este letrado ni la necesidad de su contratación, ni en qué consistió su trabajo.

Así mismo, señala que la consejera delegada, Plácida Guerra, y su yerno, en condición de gerente, "siguiendo las instrucciones de Dimas Martín, cerraron un acuerdo verbal con Batllori para el pago de cantidades bimestrales" con cargo a los fondos de la corporación local y de Inalsa.

Esos pagos se harían después de que Batllori presentara, a modo de justificación, unas facturas en concepto de minutas de honorarios por labores de asesoramiento, "plenamente conscientes" que la documentación mercantil presentada era inveraz en tanto que no respondía a trabajo alguno, según la instructora.

Para la juez, en la ejecución de este "ilícito" plan de beneficiar a un particular por gestiones en favor de Dimas Martín, "se prescindió de manera grosera de trámites absolutamente esenciales en la normativa de la contratación del sector público".

Ello permitió a Batllori recibir del Ayuntamiento 19.764,72 euros brutos, a través de dos transferencias bancarias, y 26.089,40 euros brutos de Inalsa, a partir de seis órdenes de pago, según concluye la instructora.