La comisión negociadora del nuevo procedimiento puesto en marcha por el Consorcio del Agua (integrado por el Cabildo y los siete ayuntamientos) para seleccionar a la empresa que se encargará de gestionar la producción, distribución y reutilización del agua en Lanzarote y La Graciosa, inició el pasado ocho de marzo la ronda de contactos con Canaragua, Canal de Isabel II y Gestagua con el fin de conocer las propuestas de cada una de esas sociedades para gestionar Inalsa.
El calendario para seguir con las negociaciones en este nuevo procedimiento después de que el concurso público convocado por el consorcio quedara desierto en enero de este año, se prolongará hasta el ocho de abril. Está previsto que esta semana se celebren encuentros con cada aspirante.
En un principio fueron cinco las empresas interesadas en participar en el proceso , Acciona, Aqualia, Canaragua, Gestagua y Canal Isabel II, pero finalmente las tres últimas presentaron sus propuestas a la puja para negociar las condiciones con las que gestionarían Inalsa, entidad pública que se encarga del ciclo integral del agua en Lanzarote y La Graciosa e intervenida judicialmente desde 2009.
Tanto Canaragua como Gestagua están presentes en las Islas, pero es la primera vez que Canal de Isabel II, empresa dependiente de la Comunidad de Madrid, acude a un concurso en Canarias, indicaron fuentes del sector. Canaragua está participada por Aguas de Barcelona (Agbar) y presta sus servicios a más de un millón de habitantes de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y La Palma. Gestagua es la filial española del grupo francés Saur y está en la empresa mixta que gestiona el agua en Las Palmas de Gran Canaria junto con el ayuntamiento y Valoriza.
El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, y los alcaldes de Tinajo, Jesús Machín; San Bartolomé, María Dolores Corujo; y Yaiza, Gladys Acuña, constituyen la comisión negociadora.
Entre los puntos del pliego de condiciones administrativas susceptibles de negociación figuran los relativos a la retribución del concesionario y la revisión de precios; las cláusulas sobre el plazo de pago de los cánones variables y extraordinario; el periodo de ejecución de las inversiones mínimas a realizar por el adjudicatario; la duración del contrato; y las garantías provisionales y definitivas.
Una de las obligaciones de la futura adjudicataria es desembolsar 50 millones de euros para pagar las deudas de Inalsa con sus principales acreedores (Aguas Filtradas, FCC y Endesa). El importe de las intervenciones a asumir se cifra en 15,7 millones. La concesión sería de entre 25 y 30 años.
La resolución del procedimiento negociado no lleva implícito de forma automática el fin del proceso concursal, puesto que el Juzgado de lo Mercantil Nº1 de Las Palmas debe convocar una junta de acreedores en la que alcanzar el acuerdo definitivo. Si el negociado quedara desierto, el consorcio prepararía un segundo concurso.
