La primera trama del 'Caso Unión' que llega a juicio sentará en el banquillo de los acusados al abogado y exconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Francisco Rodríguez Batllori y el expresidente del Cabildo de Lanzarote y fundador del PIL, Dimas Martín por el cobro de facturas falsas por trabajos no realizados en el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa). La titular del juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife dictaba el pasado viernes el auto de apertura del juicio oral que deberá ser fijado a partir de ahora por la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Según la acusación del Ministerio Fiscal, el exconsejero de Empleo, para el que se le pide 8 años de cárcel, percibió 45.853 euros tanto de Inalsa como del Ayuntamiento de Arrecife a cambio de realizar gestiones judiciales a Dimas Martín, entre ellas que lograra el tercer grado después de haber sido condenado a 8 años de cárcel por malversación de caudales públicos durante su etapa como máximo responsable del Complejo Agroindustrial de Teguise.

El escrito de acusación de la Fiscalía llega a tachar r de "grosero" el plan ideado por Dimas Martín para pagar con dinero público a Batllori "por no hacer nada útil, necesario y relevante". La Fiscalía Anticorrupción pide penas de cárcel para los ediles de Arrecife que dieron el visto bueno a las facturas falsas, José Miguel Rodríguez (un año de prisión), y Luisa Blanco (cinco años), el gerente de Inalsa, Rafael Elorrieta (5 años) y la consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra (5 años). Para Dimas Martín se solicita seis años de cárcel por inducción del delito de malversación de caudales públicos y fraude a la administración. Rodríguez Batllori será juzgado como responsable con la consideración de autor como cooperador necesario del delito de malversación y de fraude a la administración y de falsedad en documento mercantil.

El Caso Unión que estalló en mayo de 2009 ha destapado multitud de tramas en las que están imputados más de 60 personas, entre empresarios, cargos públicos y funcionarios.