Los políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Arrecife inmersos en procedimientos judiciales pueden solicitar al consistorio que les adelante hasta 18.000 euros por imputado y caso, para costear los honorarios de los abogados que se encargan de sus defensas jurídicas tanto en los asuntos de orden civil como penal derivados del ejercicio de su cargo. En caso de que la sentencia sea condenatoria para el acusado, éste deberá devolver el dinero a las arcas municipales.
Una enmienda a las bases de ejecución del presupuesto del consistorio de Arrecife de este año, a propuesta de la exconcejala del PP Nayra Callero, perteneciente al Grupo de No Adscritos en la corporación, permitió el pasado lunes cambiar el protocolo de abono de los gastos de letrados al personal al servicio de la administración local. Hasta ahora, el dinero se transfería a los implicados una vez se conocía el fallo judicial.
La iniciativa de Callero contó con el apoyo del equipo de gobierno (CC y PSOE) y la exedil del PIL, Emilia Perdomo. Callero, que es letrada experta en derecho laboral, aseguró que "hay muchos trabajadores municipales que solicitan un adelanto de sus nóminas, tal y como pude comprobar durante mi etapa como concejala de Personal en el ayuntamiento, por lo que si por circunstancias en ese momento hay empleados públicos que no pueden pagarse un abogado para costearse su defensa en procedimientos derivados de sus labores municipales, podrían pedir dinero por adelantado. De hecho, hasta ahora el ayuntamiento ha atendido varios pagos destinados a letrados". Callero añadió que "el derecho a la defensa jurídica de los empleados públicos (los cargos electos que cobren un sueldo de la institución se consideran como tal) lo tienen los trabajadores desde 1992 a través del Estatuto del Empleado Público y los laborales en los convenios colectivos, al igual que le ocurre a un médico, al que la Seguridad Social costea su defensa o la Consejería de Educación a un maestro". Para que dicho derecho esté garantizado, precisó Callero, "la jurisprudencia entiende que el pago tiene que ser por adelantado cuando así lo solicite el trabajador".
Informe
Según Callero, los imputados que han dejado de ser cargos electos de Arrecife "no tienen la posibilidad de pedir dinero público por anticipado para pagarse sus defensas". Es el caso, por ejemplo, de los exconcejales del PIL acusados en el caso Unión Ubaldo Becerra, José Miguel Rodríguez y Luisa Blanco. En cambio, los ediles José Montelongo, Cándido Reguera o el interventor de Arrecife, Carlos Sáenz, implicados en Montecarlo sí pueden acogerse a esa posibilidad. Lo mismo podrían hacer los técnicos que están siendo investigados.
Callero apoyó su alegación a las cuentas, aprobadas de forma definitiva el lunes, en un informe de la letrada Juana María Fernández de las Heras, en el que destaca "el derecho a ser indemnizado desde el mismo instante en el que se inicia el procedimiento" y la presunción de inocencia de los acusados.
