El Consejo Consultivo de Canarias ha instado al actual grupo de gobierno del Ayuntamiento de Arrecife (CC y PSOE) a que ponga en manos de los tribunales el contrato financiero firmado con el Banco Santander en el año 2004 por la exalcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz (PIL) por un importe de 30 millones de euros que le ha supuesto hasta el momento a las arcas públicas unas pérdidas de 3,4 millones de euros.
Según el informe elaborado por el Consejo Consultivo de Canarias dicho contrato, que declara nulo de pleno derecho, se llevó a cabo de forma contraria a las previsiones expresas de la legislación contractual, "al no existir informe ni de las necesidades a cubrir ni de la selección de la oferta más ventajosa, sin publicidad alguna, con absoluta falta de transparencia y postergación de otros posibles licitadores cuyo concurso podía haber conseguido mejores condiciones de contratación y el desprecio absoluto a la más elementales reglas de equilibrio presupuestarios y control de gasto".
La alcaldesa firmaba el 15 de abril de 2004 un contrato marco de operaciones financieras con el Banco Santander a los que se ligaron otros contratos denominados de confirmación de permuta financiera de tipos de interés (SWAP) que se fueron renovando en los años 2005, 2007, 2008, 2009 y 2011. Unos contratos que la jurisprudencia de las audiencias provinciales de los últimos años ha venido calificando "de aleatorios o especulativos, de alto riesgo y complejos".
Aunque este tipo de contratos se comercializan habitualmente como contratos de seguros, es decir, con la finalidad de evitar los riesgos derivados de las fluctuaciones excesivas de la variación de tipos de interés, de modo que en caso de que el tipo supere un determinado porcentaje el contrato (seguro) suscrito lo cubre, lo cierto es que según el informe del Consejo Consultivo de Canarias en este caso "no consta que estén relacionados con ninguna otra permuta financiera, esto es, préstamos o créditos del Ayuntamiento con el Banco para su financiación presupuestaria ni para cubrir los riesgos de tipos de interés derivados de dichas operaciones de financiación".
El Consejo Consultivo asegura que "tan grave ignorancia o negligencia" por parte de la exalcaldesa debe tener consecuencias jurídicas. "No basta un reproche moral para conducta tan absolutamente despreciativa de los más elementales principios y reglas por las que se rige la cosa pública. La resolución del presente procedimiento debe ser seguida de la incoación de otro en el que depuren las posibles responsabilidades, administrativas o penales, en su caso, de quienes hayan actuado o permitido que se haya contratado de forma tan lesiva para los intereses públicos, pues no se trata de una simple ignorancia o negligencia, de una conducta simplemente culposa. La conducta ha sido temeraria y dolosa", destaca el informe.
En el informe se resalta que el contrato se adjudicó sin licitación, publicidad o concurrencia. "No es posible que un contrato de 30 millones de euros haya sido adjudicado con menos garantías que un contrato menor", señala.
El Ayuntamiento de Arrecife ha acordado la nulidad de este contrato y llevar a cabo las gestiones necesarias para recuperar el dinero perdido. María Isabel Déniz , imputada en el marco de la operación Jable, dentro del Caso Unión, fue detenida en abril de 2010 acusada por los presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
