Magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas han recurrido ante el Tribunal Supremo la resolución del Consejo General del Poder Judicial que establece la obligatoriedad de que las distintas secciones penales se desplacen a Lanzarote a celebrar juicios. Con el acuerdo adoptado por el máximo órgano de gobierno de los jueces se evitaría que las distintas partes implicadas en los procedimientos viajen hasta la capital grancanaria para que se juzguen los hechos cometidos en la isla conejera.

El Colegio de Abogados de Lanzarote advirtió ayer que de prosperar dicho recurso "los magistrados quedarían facultados para celebrar los juicios en Las Palmas, debiéndose desplazar hasta Gran Canaria un número importante de personas, entre ellas, abogados, perjudicados, peritos y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado", con las gastos extras que ello conllevaría derivados de los desplazamientos.

En opinión del decano de los letrados de la isla de Lanzarote, Francisco Torres Stinga, "no solo se aleja la Justicia del ciudadano, sino también se produce desigualdad y un manifiesto retroceso en la prestación de un servicio público esencial, como es la Administración de Justicia, en una isla con una población de derecho que supera los 145.000 habitantes".

Por ese motivo, el Colegio de Abogados ha solicitado al Cabildo de Lanzarote que se persone en el recurso 2/143/2007 ante el Tribunal Supremo para que "defienda los derechos de los ciudadanos lanzaroteños" y la Audiencia Provincial juzgue los hechos de su competencia en Lanzarote.

De prosperar la petición que tramitaron de forma reciente los recurrentes, según Torres Stinga, "se pondría en grave riesgo un principio básico, como es la igualdad de los ciudadanos ante la ley y los conejeros se convertirían en ciudadanos de peor derecho que los residentes en las islas capitalinas".

Torres Stinga añadió que "se podría producir una importante quiebra de los derechos jurídicos procesales de los residentes en Lanzarote y también de los derechos políticos y sociales del conjunto de la sociedad conejera".

El trámite, en marcha

El vicepresidente del Cabildo lanzaroteño, Joaquín Caraballo, afirmó este jueves que tanto él como el presidente de la institución, Pedro San Ginés, han respaldado la petición realizada por escrito por el Colegio de Abogados, la cual fue registrada anteayer en la corporación insular.

"Ya hemos dado los primeros pasos para que el Cabildo se persone en el recurso y trasladado a los servicios jurídicos de la institución que estudien la manera de cómo llevaremos a cabo dicho trámite", dijo Caraballo. Precisó que "aún no hemos decidido si interpondremos el recurso a través de un abogado del Cabildo o de un despacho externo". En todo caso, subrayó el vicepresidente, "la Justicia debe aproximarse cada vez más al ciudadano ya que los desplazamientos conllevan un desembolso de dinero importante".

La Audiencia Provincial celebró entre el tres y seis de junio pasados en Arrecife el primer juicio con jurado en la historia de Lanzarote. Para esta semana se programaron otros dos juicios.