La rehabilitación de 166 viviendas en mal estado de los barrios capitalinos de Valterra y Titerroy, cuyas obras no han comenzado a ejecutarse, acaba de recibir un nuevo mazazo. La inversión plurianual prevista para financiar los trabajos es de veinte millones de euros, entre las aportaciones del Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Arrecife, además de una cuantía de los propietarios de los inmuebles.

Año y medio después de que esas tres instituciones suscribieran, el 15 de noviembre de 2011, los convenios para el desarrollo de los programas, ratificados diez días después por el pleno de Arrecife, la institución capitalina descubre que dichos documentos son "nulos de pleno derecho", afirmó ayer el concejal de Vivienda, Rafael Juan González. Sin embargo, Leopoldo Díaz, secretario por acumulación en Arrecife, no fue tan rotundo a la hora de defender la nulidad de los convenios. "A la vista de este informe y, con cautela, podría haber una causa de nulidad de pleno derecho, pero esa posibilidad habría que analizarla", precisó.

Un informe de la Oficina Técnica municipal del pasado 27 de junio, pone de relieve que los convenios aprobados en su día carecen del pronunciamiento de los servicios jurídicos y de Intervención, requisitos indispensables en este tipo de procedimientos a materializar en varios años. La primera fase de renovación urbana de un centenar de casas en Valterra y 66 en Titerroy se encuadra en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación del periodo 2009-2012.

"Todo se hizo mal desde el principio. Además, Cándido Reguera (el alcalde que aprobó los convenios), no estaba facultado para la firma, aunque esto último se subsanó con posterioridad", apuntó González. Añadió que en este asunto "todo ha sido un cúmulo de despropósitos debido a los errores cometidos por los responsables del PP en Arrecife", al que se suma el hecho de que durante la etapa del entonces edil de Vivienda, Joel Delgado, "el expediente para adjudicar el proyecto no se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad Europea, lo que provocó la paralización del mismo y no se pudo contratar la Oficina de Gestión".

Desbloqueo

Delgado calificó de "milonga" el informe solicitado por el grupo de gobierno (CC y PSOE) y que González dio a conocer ayer en la sesión para debatir la situación en la que se encuentra el proceso. El concejal popular recordó que "en su día ni Secretaría ni Contratación pusieron reparos al expediente".

Para reconducir la situación, CC y PSOE solicitarán a Canarias y el Estado la firma de un nuevo acuerdo y que habilite fondos económicos suficientes para ejecutarlo.

El compromiso de Fomento era destinar una partida anual de más de dos millones de euros para estos barrios pero el Estado, en sus presupuestos de 2013, reservó solo 1.600.000 euros para políticas de Vivienda en toda Canarias. La presidenta insular del PP, Astrid Pérez, y su compañera en el parlamento Cristina Tavío señalaron tras reunirse con los vecinos que "el único responsable de la parálisis de estos proyectos es el Gobierno canario, cuya negligencia, y desinterés municipal, ha provocado que ninguno de los planes esté en marcha, a pesar de que el Estado ya transfirió dos millones de euros".

Incertidumbre en los centros socioculturales

Arrecife pagará 280.000 euros de deuda a Volconsa, que se encarga del mantenimiento de cuatro campos de fútbol, seis centros socioculturales, el centro cívico y la sala expositiva del Charco. La capital pedirá a los administradores judiciales de Volconsa que abonen con ese dinero las pagas pendientes a sus 18 empleados.