¿Qué consecuencias tendrá en el caso Unión la denuncia de la desaparición de autos y pruebas que hace el juez Pamparacuatro? ¿Quién puedo robar esos autos? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Cómo es posible que aparezcan firmados sólo por el secretario? ¿A quién beneficia?

No hay respuestas sencillas para todas estas preguntas, excepto para la última. Los beneficiados, sin duda, son los imputados a los que afectan esas desapariciones. El retraso beneficiará a muchos en la rebaja de petición de penas por dilaciones indebidas y las dudas sobre una instrucción correcta, si se acaban anulando algunas actuaciones, pueden beneficiar a todos los que temen sentarse en el banquillo, como ya ha ocurrido.

Hace un mes la Audiencia Provincial decidió archivar las órdenes de registro de las oficinas de Luis Lleó, a petición de la Fiscalía. En esa orden no aparecía el nombre de Lleó sino el de otra de las detenidas ese día, el 25 de mayo de 2009, Elena Martín. Se podía haber realizado una reconstrucción de autos porque era un error evidente de "corta y pega" en una macrocausa, pero la Fiscalía y la Audiencia decidieron anularlas, a instancias de la defensa de Luis Lleó. La fundamentación del registro a Lleó era la misma que aparecía en el auto que hizo el juez para el Ayuntamiento de Yaiza: buscaban la documentación sobre el proyecto Costa Roja, el origen del presunto soborno a Carlos Espino y el origen del caso, pero también sobre la casa del marido de Alexia de Grecia, Carlos Morales, en Puerto Calero.

La Audiencia los anuló sin valorar siquiera si eran o no los autos originales y Pamparacuatro denuncia que estos autos tampoco son los originales. Tres años después de iniciado el caso se echan en falta y se incorporan al procedimiento, según el juez "por un cauce no previsto en la ley", alegando que eran los que se dictaron en su momento "en base a los ficheros informáticos existentes en el Juzgado" pero sin realizar una pericial que pruebe que no habían sido modificados.

Con esos registros se anulan también las pruebas encontradas en ellos y los informes elaborados por la UCO que implican a dos ex letrados del Tribunal Constitucional, Ignacio Sánchez Yllera y Ángel Aguallo (que actualmente es magistrado del Tribunal Supremo) en el asesoramiento, desde los correos del propio Tribunal y a cambio de grandes sumas de dinero, al empresario lanzaroteño para evitar el pago de impuestos del proyecto urbanístico de Costa Roja, declarado ilegal.

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