El Juzgado de lo Penal Nº1 de Arrecife sentó ayer en el banquillo de los acusados a tres jefes de planta de la empresa pública Inalsa (hasta junio del año pasado responsable de la producción de agua desalada en la Isla, a raíz de que Canal Gestión se hiciera cargo del servicio) por una explosión en un cuadro eléctrico en la desaladora Lanzarote IV, ubicada en la central de Punta de los Vientos (Arrecife), que tuvo lugar el 28 de julio de 2005 y que provocó graves lesiones al trabajador Nicolás Aparicio. El accidente le causó la baja laboral definitiva a sus 45 años y le dejó importantes secuelas.

Tanto el fiscal como la acusación particular solicitan dos años de cárcel para cada uno de los procesados por un delito de lesiones por imprudencia y otro contra el derecho de los trabajadores: Antonio Sánchez Rodríguez, jefe de producción de la planta en el momento en el que ocurrieron los hechos; Domingo Bonilla Ortega, encargado del taller eléctrico; y Juan Manuel Betancort Medina, director de producción de las instalaciones de Inalsa. Asimismo, piden que se considere a Inalsa responsable civil subsidiaria de lo ocurrido.

El afectado, "un competente montador eléctrico", había sido asignado por Bonilla para acompañar en la planta al ingeniero industrial Samuel Marrero, de la empresa Eléctrica Centro, encargada de reparar y revisar el funcionamiento de la instalación eléctrica. Aparicio se dispuso, sin elementos del equipo de protección individual que garantizara su integridad física (calzado especial, guantes, vestimenta ignífuga o careta, entre otros medios) a desconectar el disyuntor del cuadro eléctrico, ya que "el trabajo que teníamos que realizar no se podía realizar en tensión y ese día nos quedaba hacer la prueba de carga para arrancar la bomba de impulsión de agua. Además, el variador de frecuencia hacía un ruido raro. Yo mismo accioné el automático del cuadro eléctrico un par de veces el día anterior para hacer las pruebas en vacío y no ocurrió nada", explicó por videoconferencia Marrero.

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