El Tribunal Supremo ha ordenado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a que resuelva de forma definitiva la petición de los propietarios del islote de Alegranza de una indemnización al Gobierno de Canarias de 63,2 millones de euros por la declaración de uso restringuido del 92% de este espacio público dentro del parque natural del Archipiélago Chinijo.En su demanda ante el Gobierno de Canarias los propietarios de Alegranza entienden que se les debe indeminizar por la "privación y limitaciones" de sus derechos.
Aunque el TSJC ya dictó dos sentencias en el año 2009, por las que anuló parte del Plan Rector de Uso y Gestión del Archipiélago Chinijo, aprobado en julio de 2006 por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), que imponía limitaciones a los propietarios de este espacio, el Supremo entiende que no ha entrado de lleno en las peticiones de los dueños de este islote.
Es decir, que se debe resolver de forma separada las restricciones a las propiedades de esta familia en Alegranza y por otro, dictaminar sobre la posible indemnización. De hecho, el Supremo habla de "incongruencia" al ofrecer el TSJC "indéntica respuesta" en los dos procesos judiciales abiertos.
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