La Consejería de Educación decidirá sobre el futuro laboral del profesor de religión al que el Obispado de Canarias ha retirado la confianza para impartir la asignatura, después de que él mismo dijera que no era idóneo para ello tras haberse casado con otro hombre, cuando termine de estudiar su caso.

El responsable de la Consejería de Educación del Gobierno canario, José Miguel Pérez (PSOE), insistió ayer en que la administración autonómica estudia los argumentos esgrimidos por el Obispado de Canarias para desautorizar a este docente, y también consulta con sus servicios jurídicos en el marco de un expediente que sigue su curso.

Cuando se culmine este expediente, Educación tomará una decisión sobre la continuidad o no de este docente en las aulas, a las que, de momento, ha vuelto con el inicio de curso.

Sobre este asunto, el vicario general y delegado de Enseñanza de la Diócesis de Canarias, Hipólito Cabrera, explicó ayer a Efe que las razones por las que se ha retirado la confianza al profesor se encuentran en lo establecido en los canon 804 y 805 del Código de Derecho Canónico, y no en su casamiento con otro hombre o en su homosexualidad.

Además, Cabrera señaló que el propio profesor ha admitido que no reúne los requisitos para impartir estas enseñanzas. Por todo ello, el Obispado ha preguntado a la Consejería por qué mantiene en su puesto de trabajo a este docente.

El canon 804 del Código de Derecho Canónico establece que depende de la autoridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en cualesquiera escuelas o se lleva a cabo en los diversos medios de comunicación social; que corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad, y que compete al obispo de cada diócesis organizarla y ejercer vigilancia sobre la misma.

Además, responsabiliza a estas instancias de que los profesores que se destinan a la enseñanza de la religión en las escuelas, incluso en las no católicas, "destaquen por su recta doctrina, por el testimonio de su vida cristiana y por su aptitud pedagógica".

El canon 805, por su parte, establece que el ordinario del lugar, dentro de su diócesis, tiene derecho a nombrar o aprobar los profesores de religión y "remover o exigir que sean removidos cuando así lo requiera una razón de religión o moral".

El exsacerdote Alberto González, profesor de religión gay que ha vuelto al Instituto Las Salinas, se encuentra tranquilo y asegura que se siente "muy arropado" por la directiva del centro y por sus propios compañeros. "Lo cierto es que en ningún momento me he sentido cuestionado por nadie", explica el do. "He obrado en conciencia, como pensaba que tenía que hacerlo, pero lo cierto es que hasta ahora sólo hemos realizado los exámenes. Aún no han empezado las clases y no sé cómo van a reaccionar los padres", apunta.

González, que vive con su esposo tras el matrimonio homsexual con un ciudadano alemán, afirma que entendería que algún padre se sintiera incómodo o molesto con la situación. "Quien me conoce y ha seguido mi trayectoria de los últimos años hasta este momento, sabe cómo soy, y sabe que si puedo seguir trabajando lo voy a seguir haciendo con la misma profesionalidad de siempre", señala. "Los que me conocen, mis compañeros, mis amigos y mis alumnos, saben que yo lo que quiero es que esto se resuelva cuanto antes para poder seguir con mi vida".

Ni la directiva del centro, ni los compañeros del claustro han querido hacer declaraciones. Así lo confirmaba ayer el jefe de estudios del IES Las Salinas, Zevensuí Rodríguez, ratificando las palabras del propio director Santiago Delgado. La directiva del centro ha decidido mantenerse al margen de la polémica.

Quien no tiene ningún problema en hacer declaraciones es Encarnación Brito, presidenta de la Asociación de Padres y Madres del IES Las Salinas y esposa de un profesor del centro. "Conozco a Luis Alberto González desde hace varios años. Además de ser un estupendo profesor y llevar muchos años demostrándolo, creo que él ha actuado de manera correcta", añade. Brito asegura que no entendería que ningún padre pusiera pegas por tener a Luis Alberto González como profesor de sus hijos. "No lo vería normal, en absoluto. Es una persona involucrada en su trabajo. Alegra las clases con actividades, dinámico, activo y muy trabajador, y no sólo hablo de las clases de religión. Participativo y muy volcado en las actividades del centro", recalca.

Tal y como ya confirmara la viceconsejera de Educación del Gobierno, Manuela Armas, la directora insular de Educación, Flor Alonso, asegura que la posición de la Consejería está más que clara. "No hay ni siquiera una polémica abierta porque nosotros no podemos ir contra la Constitución Española", señala. "No existen motivos constitucionalmente admitidos para el despido, así que no vamos a despedirlo. Él ha sido llamado para incorporarse a las clases con normalidad, y eso es lo que ha hecho. No hay más que añadir".

Tampoco los sindicatos han permanecido al margen en el complejo caso que le ha tocado vivir a Luis Alberto González. El secretario general de la Federación de Enseñanza de UGT en Canarias, Manuel Navarro, asegura que aunque desde el sindicato no apoyan la enseñanza de religión en los centros públicos, su apoyo al trabajador es absoluto. "En nuestra opinión, en ningún caso el Obispado tiene porqué decidir sobre los derechos laborales de un trabajador, independientemente de la asignatura", asegura. "Nos resulta algo arcaico, propio de otros tiempos, el hecho de que sea el Obispado el que tenga que decidir sobre la idoneidad o no idoneidad de un trabajador, y encima que lo haga sólo por el hecho de haber contraído matrimonio, en nuestra opinión, se trata de un agravio a sus derechos e incluso a su dignidad personal", añade. "No defendemos la enseñanza de la religión en las aulas, pero lógicamente por encima de eso están los derechos de los trabajadores y su libertad".