Cuando estalla el caso Unión, el 25 de mayo de 2009, Dimas Martín, el ex presidente del Cabildo de Lanzarote y líder del PIL, estaba cumpliendo condena, su cuarta condena, en la cárcel de Tahíche por malversación de caudales públicos por el caso del Complejo agroindustrial de Teguise. A pesar de que sólo llevaba un año y medio de los ocho que debía cumplir, le habían concedido (y le habían retirado después) el tercer grado.
La parte principal de la primera fase de Unión investiga una red corrupta que cobraba comisiones ilegales a empresarios en el Ayuntamiento de Arrecife para financiar al PIL, que gobernaba con el PSOE, y a los miembros de esa red, que estaría liderada por Dimas desde su celda. Esa pieza aún no está lista para juicio pero Dimas y otras cinco personas se sentarán a partir del jueves en el banquillo en la primera vista oral que nace de una pieza que deriva de esa investigación.
En el registro de su celda, la Guardia Civil, que había mantenido pinchado el teléfono móvil al fundador del PIL, encuentra alguna prueba más de que Dimas Martín manejaba a su antojo las instituciones donde gobernaba su partido y tenía varios colaboradores externos: el ex consejero de Empleo y viceconsejero de Justicia del Gobierno canario, Francisco Rodriguez-Batllori, le enviaba cartas en las que le informaba de sus gestiones, pagadas por el Ayuntamiento de Arrecife y la empresa pública de aguas Inalsa, hoy desaparecida después de un proceso concursal. En una de ellas, fechada en Las Palmas dos días antes de la detención de Dimas, le dice: 'Imagino que África Zabala (abogada de Dimas) te habrá informado de mi reunión con A.C.(...)", y le detalla a continuación sus gestiones, infructuosas, para lograr que a le concedieran el tercer grado.
Esa es una de las pruebas con que cuenta la Fiscalía, además de las conversaciones grabadas, las facturas, la ausencia de expediente de contratación y la confesión de unos de los implicados, para intentar demostrar que Dimas pagaba, a través de Arrecife e Inalsa y con la ayuda de otros cargos públicos, a Batllori, para que le hiciera de "conseguidor". En un año, Batllori, que fue detenido en abril de 2010 y que reconocía en esa misma carta que su situación económica es "muy comprometida", cobró cerca de 40.000 euros de ambas instituciones para hacer gestiones personales del líder del PIL.
Con esos cobros mensuales, Batllori se embolsaba tres sueldos, porque era funcionario de la Consejería de Justicia, y por tanto no podía cobrar de otras instituciones. La Fiscalía destaca en su escrito de acusación que "era tanto el descaro y el afán de ilícito lucro que Batllori minutó por meses en los que ni siquiera estaba contratado".
La Fiscalía considera que se han cometido cuatro delitos: malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude y falsedad documental. Pide seis años de prisión para Dimas y ocho para Batllori. Pero hay cuatro acusados más porque para poder facturar se necesitaba la participación de cargos públicos. Por eso también están acusados dos ex concejales del PIL en Arrecife: Luisa Blanco, que gestionaba Personal, y José Miguel Rodríguez, de Hacienda. Ambos habrían autorizado los pagos mensuales a Batllori. A Rodríguez lo detuvieron tres veces en dos años: en la operación Unión, en la de Jable y en la de Montecarlo.
Prisión
El ex edil, hoy conserje en el Conservatorio de música, reconoció que pagaba a Batllori sin que hubiera contrato y sin que justificara su trabajo mediante informes, y por orden de Dimas Martín. La Fiscalía le pide un año de prisión porque no solo ha colaborado sino que además ha devuelto los casi 17.000 euros que pagó a Batllori. Luisa Blanco se enfrenta a cinco años de prisión, al igual que los otros dos acusados, la ex consejera delegada de Inalsa, Plácida Guerra, inseparable compañera de Dimas Martín en el PIL, y Rafael Elorrieta, ex gerente de Inalsa y yerno del político lanzaroteño.
Batllori, que protagonizó (a su pesar) una de las imágenes más sonadas del caso Unión, con su traslado en helicóptero desde Gran Canaria, donde fue detenido, hasta el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise, ha intentado justificar que era asesor tanto del Ayuntamiento como de Inalsa. Reconoce, eso sí, que su contratación en ambos casos fue verbal, y para demostrar que no hacía gestiones privadas para Dimas sino que hacía gestiones en favor de Inalsa y de Arrecife ha pedido que declaren como testigos una docena de personasl. Entre los testigos se encuentra el juez Cobo Plaba (que entonces no ejercía y estaba contratado por Inalsa), el ex presidente de la Autoridad Portuaria, el consejero de Política Territorial, Domingo Berriel y A.C., es decir, Antonio Castro Feliciano, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
