Un testigo propuesto por el Ministerio Fiscal evidenció ayer que el Ayuntamiento de Arrecife si tenía un procedimiento reglado para contratar asesores externos. Se trata del abogado Antonio Monroy, que firmó un contrato de prestación de servicios para auxiliar al Consistorio en materia de personal, justo entre junio de 2008 y febrero de 2009, el periodo en el que se acusa a Francisco Rodríguez Batllori de cobrar del erario público por servicios inexistentes.
El viceconsejero de Justicia del Gobierno regional defiende que fue contratado de manera verbal para asesor al Ayuntamiento y a Inalsa, pero el fiscal rechaza ese argumento por varios motivos, entre ellos la inexistencia de un contrato escrito similar al suscrito por Monroy. De ahí que el representante de la acusación pública interrogase al testigo con la finalidad de que explicase los entresijos de ese contrato, el cual, además, estaba validado por el alcalde y la concejal Luisa Blanco, que es una de las acusadas.
La defensa, en cambio, para acreditar que Batllori realizó gestiones en favor de Inalsa, citó al exdirector general de Energía del Gobierno canario Adrián Mendoza y al director general de Unelco-Endesa entre los años 2008-2009 Pablo Casado. Ambos reconocieron que se reunieron con Batllori para abordar asuntos relacionados con la empresa de aguas de Lanzarote, aunque el fiscal Javier Ródenas cuestionó la utilidad de esas reuniones.
Las defensas, asimismo, pusieron en tela de juicio la legalidad del registro efectuado en la celda de Dimas Martín, donde se hallaron cartas y facturas que incriminan a Batllori.
