La denuncia en 2002 por parte de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) del Gobierno de Canarias de tres construcciones ilegales en el paisaje protegido de La Geria, al carecer de licencia, acabó ayer con la demolición de esas edificaciones, situadas en la zona de Las Cuevas, junto al camino del mismo nombre que une las localidades de Montaña Blanca y La Florida, en el municipio de San Bartolomé.
A primera hora de la mañana una excavadora, alrededor de veinte operarios y efectivos de la Guardia Civil, así como personal del juzgado se personaron en la finca. Sobre las dos casas, el cuarto de aperos y el cerramiento de las parcelas figura una sentencia firme de derribo del año 2012 con el fin de restablecer la realidad alterada y, además, impone a los promotores el pago del coste de los trabajos de derribo al no haber procedido ellos mismos con anterioridad a su ejecución de forma voluntaria.
Los propietarios, afirmó ayer el concejal de Urbanismo de San Bartolomé, Juan Carlos Rocío, están "muy afectados" y son tres hermanos de la familia Rodríguez Tejera, quienes heredaron el terreno de su madre y, posteriormente, hicieron las segregaciones para construir.
Rocío explicó que "construyeron sin permiso en una zona de máxima protección" y añadió que no ha sido posible su legalización a través del Plan Especial del Paisaje Protegido de La Geria
La alcaldesa de San Bartolomé, María Dolores Corujo, quien se trasladó este lunes a Las Cuevas en compañía de Rocío, aseguró que los afectados son "conscientes de la ilegalidad que han cometido y aceptan la condena, pero lo lógico es que la ley sea igual para todos, por lo que hay que actuar de la misma manera con todas las construcciones que están en situación de ilegalidad y siguen en pie".
Corujo lamentó que los propietarios no hayan tenido un adecuado asesoramiento jurídico cuando el asunto estaba todavía en la vía administrativa, por lo que no pudieron recurrir y la denuncia siguió su curso en el ámbito de la justicia penal hasta derivar en la situación actual de derribo, cuyos trabajos finalizarán en varios días.
Lo que ha hecho ahora la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural ha sido ejecutar el fallo judicial.
