La juez que instruye el "caso Unión" ha citado a declarar a dos nuevos imputados en la trama, dos técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, como presuntos autores de delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos entre 2007 y 2010, según un auto hecho público hoy.

Los imputados son Francisco Saavedra López y Rut Hernández Toledo y han sido citados a declarar el próximo día 1 de diciembre, señala el auto, que ha sido facilitado por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En el caso de Saavedra López, la instructora considera que ha podido cometer un delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a los contratos de la empresa Infogelan Fontanería SL con el Ayuntamiento de Arrecife. De comprobarse su ilegalidad, podría haberse producido un enriquecimiento ilícito a cargo del erario público de 1,1 millones de euros.

En el de Hernández Toledo, técnico de medio ambiente, la cita en relación a los contratos en los que intervino con el fin de averiguar si omitió el control o la supervisión a la que estaba obligada.

Se trata de una pieza más del caso Unión, en la que están imputadas 22 personas, entre ellas el fundador y líder del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), Dimas Martín, que está siendo juzgado en estos días, al igual que el exedil de Hacienda José Miguel Rodríguez y la exconcejal de Personal María Luisa Blanco, por otra de las tramas de esta red de corrupción.

Los hechos que investiga la jueza Silvia Muñoz en esta trama, en la que figuran ahora 24 imputados, están relacionados con la supuesta exigencia de comisiones ilegales a empresarios de la isla para la conclusión de nuevos contratos, la exigencia de facturas de contratos ya realizados y la inobservancia intencionada de la normativa administrativa en los procesos de contratación de empresa con el Ayuntamiento.

Esta red supuestamente eliminaba o desvirtuaba los trámites que garantizan la libre concurrencia de empresarios para optar por la oferta más beneficiosa para las arcas públicas y obviaba las mayores garantías para los contratos que excedían de 18.000 o 50.000 euros.

Según los hechos que expone la jueza, además existen indicios de una correspondencia entre las empresas que resultaban adjudicatarias y las que dotaban económicamente al PIL y una cuarta vía de aprovechamiento de recursos públicos para el lucro personal.