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El hombre en la sombra

La sentencia considera que, pese a su condición de penado, Dimas Martín manejaba el gobierno de la capital y la empresa de aguas

Dimas Martín, en los juzgados de Arrecife, en octubre del año pasado.

Dimas Martín, en los juzgados de Arrecife, en octubre del año pasado. ADRIEL PERDOMO

El juicio de la pieza separada número 8 del caso Unión comenzó en octubre y quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre. Se celebró en sesiones intermitentes, a caballo entre Arrecife y Las Palmas de Gran Canaria, con un ambiente tenso que desencadenó más de un rifirrafe con las defensas, las cuales lo intentaron todo para anular el procedimiento: desde las cartas escritas por Dimas Martín desde prisión, hasta las grabaciones que incriminan al fundador del PIL junto a Francisco Rodríguez-Batllori, de cuya influencia como exviceconsejero de Justicia trató de beneficiarse Martín para agilizar el tercer grado penitenciario.

Ambos acusados alegaron el acceso ilegítimo a su correspondencia o la intervención de conversaciones telefónicas sin cobertura judicial, incluso negaron que las voces de las escuchas fueran las suyas. Rodríguez-Batllori también se quejó del traslado en helicóptero de Gran Canaria a Lanzarote para ser interrogado por el juez, César Romero Pamparacuatro, ya fuera del caso al ser destinado al partido judicial de La Laguna, en Tenerife. Pero la Audiencia de Las Palmas legitima la actuación de la Guardia Civl y del juez, pues todas las resoluciones estaban motivadas y fueron proporcionadas a la naturaleza de los hechos investigados.

Esos hechos no son otros que la influencia y la "ascendencia" que Dimas Martín ejercía desde la cárcel para dirigir a los cargos electos del PIL en Arrecife e Inalsa. El veterano político calificó de "leyenda urbana" que fuera el hombre en la sombra de Lanzarote, la persona que manejaba los hilos desde su celda de Tahíche, pero el tribunal replica que de leyenda urbana nada, que eso es una "realidad". Según el ponente de la sentencia, Carlos Vielba, Martín era el "factótum" de la Isla, el político que podía conseguir favores gracias al "notable poder" que conservaba sobre los cargos públicos del PIL, todo pese a las condenas que lo mantenían retirado de la vida política (ahora disfruta del tercer grado)

Esa es la tesis de la Fiscalía en este pleito y en el resto de juicios que hay pendientes por el caso Unión, un macroprocedimiento con múltiples ramificaciones en las instituciones de Lanzarote que tienen al PIL como hilo conductor.

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