La primera pieza separada del caso Unión que llega a juicio se ha saldado con duras penas de cárcel para los seis acusados, entre ellos Francisco José Rodríguez-Batllori, exviceconsejero de Justicia del Gobierno de Canarias, y Dimas Martín, fundador del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) y expresidente del Cabildo. Ambos se "concertaron" para usar los fondos públicos de Lanzarote en beneficio propio, entre ellos el asesoramiento que el exviceconsejero prestó a Martín para tratar de sacarlo de cárcel de Tahíche en tercer grado, según considera probado la sentencia hecha pública ayer por la Audiencia de Las Palmas.
El fallo impone siete años de cárcel para Rodríguez-Batllori, así como cinco años y medio para Martín por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, tal como solicitó el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas, Javier Ródenas, que interviene en el caso Unión por delegación específica de la Fiscalía Anticorrupción. La Sección Sexta de la Audiencia también condena por malversación a otros tres militantes del PIL: los concejales de Personal y Hacienda de Arrecife, María Luisa Blanco (cuatro años de cárcel) y José Miguel Rodríguez (un año de prisión), y la consejera delegada de la empresa Insular de Aguas de Lanzarote (Inalsa), Plácida Guerra (cinco años de reclusión). El tribunal castiga con esa misma pena a Rafael Elorrieta, gerente de Inalsa entre 2008 y 2009, periodo en el que Dimas Martín se valió de su "ascendencia" sobre los dirigentes del PIL para ordenar desde Tahíche los pagos a Batllori con cargo a los presupuestos de esas entidades. Entonces Martín cumplía condena por cohecho, malversación y fraude a Hacienda y la Seguridad Social, delitos cometidos en sus diferentes etapas de servidor público.
El ponente de la sentencia, Carlos Vielba, destaca que Rodríguez-Batllori recibió de "manera indebida" 19.746 euros procedentes del Ayuntamiento de Arrecife. Se trata de las minutas que el abogado y exviceconsejero de Justicia le pasó a la institución por sus "labores de asesoramiento y colaboración". Lo mismo hizo con Inalsa, cuyos honorarios en este caso fueron de 26.089 euros.
El magistrado subraya que los cargos municipales e insulares del PIL autorizaron esos gastos "siendo perfectos conocedores de que obedecían a intereses propios de Dimas Martín", pues "no se correspondían con la prestación de servicio alguno", y eran abonados para "no contradecir las instrucciones" dadas por el líder del partido independentista desde prisión.
En ese sentido, Martín organizó en febrero de 2008 una reunión para que conocieran a Rodríguez-Batllori. El exviceconsejero "ofreció" sus servicios de asesoría, todo pese a que "no podía desempeñar función alguna retribuida con fondos públicos" por su "condición de funcionario de la Comunidad Autónoma. Por eso, para burlar esa ilegalidad, no existía contrato y los pagos carecían de expedientes.
El tribunal, que desestima todas la nulidades de derechos fundamentales planteadas por las defensas y allana el camino al resto de juicios pendientes del caso Unión, resalta la colaboración de José Miguel Rodríguez, único acusado que admitió el fraude y devolvió 16.941 euros. De ahí que su pena sea sólo de un año de prisión.
Las defensas recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) al no ser firme.
