El secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, ratificó el viernes en los juzgados, donde compareció como imputado por prevaricación en el caso que investiga la incautación de la desaladora de Montaña Roja por parte del Consejo de Aguas, que "la ley no impone un informe jurídico previo para la adopción de tal medida cautelar". Según el Cabildo, el argumento coincide con el de Pedro San Ginés.