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El juez Rafael Lis es suspendido de empleo y sueldo por seis meses

El Consejo General del Poder Judicial sanciona al magistrado de Arrecife por no apartarse de una causa judicial tras ser recusado

Rafael Lis. LP/DLP

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una suspensión de seis meses de empleo y sueldo a Rafael Lis Estévez, magistrado titular del Juzgado de instrucción número 3 de Arrecife, por la comisión de una falta muy grave de desatención de sus funciones al no apartarse de una causa judicial a pesar de que fue recusado por dudas sobre su imparcialidad. La causa está relacionada con el caso Unión. El primer juez instructor de ese caso, César Romero Pamparacuatro, denunció el robo o extravío de varios autos judiciales de ese sumario.

Esa investigación la inició el Juez Lis, pero fue recusado por Pamparacuatro ya que permitió que se personara como perjudicado el empresario Juan Francisco Rosa, imputado en Unión y cuya abogada en otro caso, el caso sobre la bodega Stratvs , era Margarita Alejo, esposa del juez Lis.

El magistrado, en lugar de apartarse del caso al ser recusado, admitió una ampliación de denuncia que fue enviada a Decanato para su reparto y que volvió a caer en su Juzgado. Fue recusado de nuevo, con el apoyo de la Fiscalía, y finalmente tuvo que apartarse del caso por decisión de la Audiencia.

En la resolución del CGPJ, tomada el pasado 27 de septiembre , se refleja que la Fiscalía solicitaba una sanción de un año de empleo y sueldo y que el juez Lis consideraba que se trataba únicamente de una "cuestión susceptible de discrepancia interpretativa". Lis consideraba en sus alegaciones que "hasta que no se dé cumplimiento al traslado prevenido en la Ley y el letrado de la Administración de Justicia no pasa el pleito o causa al conocimiento del sustituto, el juez recusado debe seguir ejerciendo sus funciones jurisdiccionales sin restricción alguna".

El CGPJ considera, sin embargo, que, según el artículo 61 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se le impide al juez realizar ninguna actuación procesal en el procedimiento en que ha sido recusado, salvo aquellas urgentes, pero que el auto de desglose y reparto de la denuncia hecho por Lis no tenía esa cualidad.

Según la resolución, que se puede recurrir en alzada ante el CGPJ, la garantía de imparcialidad del juez, que es esencial en un Estado de Derecho, carecería de sentido de seguir la práctica procesal del juez Lis, como es autodisponer de mantener el curso de las actuaciones hasta que no sea acepte o rechace la causa de recusación.

El Consejo aclara que la falta de atención se refiere a la inobservancia de un deber profesional, al apartarse de aplicar la actuación jurisdiccional que legalmente resulte obligada, y no a tomar una resolución con una aplicación jurídica desacertada. En este caso, señala que la decisión de no resolver sobre la ampliación de la denuncia era la única decisión posible.

La resolución asegura que Lis, "pervirtió doblemente la garantía a que atiende la recusación, al hacer depender de su voluntad el tiempo y los efectos del incidente", además de provocar el desglose de las actuaciones, por lo que tuvo la oportunidad de volver a conocer la causa y dar lugar a una segunda recusación. Destaca la resolución que, para la sanción, hay que tener en cuenta otras circunstancias, "como la perturbación que la infracción cometida pueda ocasionar en el funcionamiento de la Administración de Justicia, y su trascendencia y repercusión social deben ser tenidas en cuenta a la hora de realizar un adecuado juicio de proporcionalidad".

Lis, que volvió a la judicatura en Arrecife después de varios años ejerciendo la abogacía, tiene abierto otro expediente también relacionado con el empresario y abogado Luis Lleó, uno de los principales imputados en el caso Unión y que fue quien presentó la ampliación de la denuncia sobre el robo de autos en Unión. El otro expediente se le abrió por "desatención" o "retraso injustificado" al mantener paralizadas unas diligencias previas durante algo más de dos años, que nacieron de una denuncia dirigida por alzamiento de bienes contra Lleó.

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