El Ayuntamiento de Arrecife anunció ayer que exigirá la devolución de los caudales públicos malversados en el caso Proselan tras acreditarse el desfalco de más de 250.000 euros en facturas falsas emitidas por la esa empresa, por trabajos de electricidad no realizados. El consistorio anunció ayer su intención tras salir a la luz la sentencia firme del Tribunal Supremo que inhabilita durante ocho años para ejercer cualquier cargo en una institución pública a los funcionarios capitalinos Rafael Arrocha, exjefe de la Oficina Técnica, y al interventor, Carlos Sáenz, ambos condenados también a cuatro años y medio de cárcel. Fuentes municipales indicaron que, una vez notificada la sentencia por la Audiencia Provincial de Las Palmas, que dictaminó en primer lugar, se cesará a Arrocha de sus tareas como trabajador del área de Movilidad, mientras que Sáenz, al tener una habilitación nacional, debe cesarlo Función Pública.LA PROVINCIA