El contenedor que la Consejería de Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote (CACT) instaló de forma provisional en la explanada del Castillo San José y que alberga en su interior la taquilla y la tienda de recuerdos del Museo Internacional de Arte Contemporáneo desde julio de 2013, ha vuelto a la polémica. Si en aquella ocasión ciudadanos y políticos criticaron su estética, que no consideraban adecuada para el entorno, así como su adquisición y el proyecto en relación al mismo, ahora ha sido Somos Lanzarote el que ha sacado a la luz la orden del Área de Patrimonio Histórico del Cabildo que insta a los CACT, es decir, otro departamento de la misma corporación insular, a retirarlo.
Según el portavoz de Somos Lanzarote en el Cabildo, Tomás López, la instalación "lleva veinte meses al margen de la legalidad, ya que desde diciembre de 2015 caducó el último permiso otorgado por Patrimonio Histórico para una estructura que en principio debía tener carácter temporal, de menos de un año". El habitáculo se sitúa en el entorno del Castillo San José, inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural.
El Departamento de Protección de la Naturaleza Timanfaya (Seprona) de la Guardia Civil denunció el contenedor ante Patrimonio en noviembre de 2016 y en febrero y mayo de 2017, señaló Lopez, y requirió información sobre la resolución que autorizó su colocación, ante lo que consideran "una supuesta infracción de la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias por parte del ente público", los CACT, según figura en el expediente.
En opinión de López, "el colmo del despropósito, de la nefasta gestión y de la burla hacia las leyes que nos afectan a todos, empezando por la propia administración", es que la consejera de Patrimonio del Cabildo, Carmen Rosa Márquez (CC), firmó -tras reiterados apercibimientos de la Guardia Civil- una resolución el 8 de mayo de este año en la que ordenó retirar la estructura metálica, orden contra la que Centros Turísticos, también en manos de CC a través del consejero Echedey Eugenio, ha presentado recurso de reposición por la vía administrativa alegando, entre otros motivos, que se está incumpliendo "el principio de la confianza legítima" por parte de Patrimonio, manifestó López.
Prórroga del permiso
La comisión de Patrimonio Histórico autorizó en febrero de 2012 la colocación del receptáculo "durante un periodo no superior a un año, prorrogable a seis meses más".
Dos días antes de cumplirse el citado plazo, en enero de 2015, los CACT pidieron una nueva autorización, en esta ocasión de un año, a la que Patrimonio contestó en junio de 2015 con una segunda prórroga de seis meses. A partir del fin de la misma, esto es, desde diciembre de 2015, la estructura metálica no tiene cobertura legal al incumplirse la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, según la cual corresponde al área de Patrimonio "autorizar, previo informe de la Comisión Insular de Patrimonio Histórico, el uso y las obras a realizar en los bienes de interés cultural". Es por ello que la Guardia Civil ha denunciado el asunto y la Consejera de Patrimonio ha terminado por ordenar la retirada, explicó López.
En su recurso de reposición contra la orden de retirada, el consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, alegó que que el contenedor se incluye "en el contexto del ilusionante proyecto de ampliación y mejora de las instalaciones del MIAC"y consideró que "no encuentran motivos en la normativa" para segurar que con el contenedor no estén "manteniendo o potenciando los efectos visuales, perfiles, estructura, ambientación y todo lo que constituye el interés histórico y cultural" de la fortaleza.
Asimismo, prosiguió López, Lorenzo alertó en su recurso de que "en caso de que no se accediera a la solicitud de suspensión de retirada" del contenedor "se podrían producir serios daños a la Empresa Pública de los CACT, al Bien de Interés Cultural, a las obras de arte expuestas en el mismo y hasta a sus visitantes".
Somos Lanzarote exige a Lorenzo y Eugenio que "dejen de usar los Centros como si de un cortijo no sujeto a la lay se tratara".