Joenay Hernández Acosta está más cerca de reunirse con su hijo de cuatro años, o eso espera, al que no ve desde el pasado 15 de julio cuando se lo entregó a su expareja, quien reside en La Palma con el menor, para que disfrutara con ella el periodo estipulado de quince días de vacaciones estivales en turnos alternos, tal y como determinó la Justicia. Sin embargo, la madre incumplió el acuerdo de entregar de nuevo el niño a su padre, que es quien tiene su guarda y custodia a raíz de la sentencia a su favor de 20 de diciembre de 2016 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Los Llanos de Aridane, en la isla palmera.

Ese mismo órgano judicial es el que ahora ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre, en el que ordena a la exmujer de Joenay que "sin más dilación" entregue al niño a su progenitor y custodio y que reestablezca las comunicaciones durante los periodos de visita que el hijo de ambos disfrute con su madre.

Asimismo, en ese auto, que deriva de la petición de la representación legal de Joenay de que se cumpla la sentencia de 16 de febrero de 2017, la cual es firme, sobre lo relativo a la custodia del chiquillo, se advierte a la progenitora de imposición de multas coercitivas, así como de la posibilidad de estar cometiendo un delito de desobediencia o, incluso, de sustracción de menores reflejado en el artículo 225 bis del Código Penal. El juez señala que "la ejecutada está incumpliendo flagrantemente un mandato judicial que atribuye la guarda y custodia del menor a su padre".

La madre se opuso a la ejecución de las medidas judiciales alegando que había finalizado el plazo de vigencia de las mismas y que la guarda de hecho del menor siempre la ha tenido ella. En lo que respecta al pago de la manuntención manifestó que las partes alcanzaron una cuerdo extrajudicial, según la cual ella no pagaría las cantidades al compensarse las mismas con el pago de sus desplazamientos mensuales a Lanzarote para las visitas del menor.

La juez ha desestimado ambas pretensiones de oposición a la ejecución de lo establecido por sentencia y precisa que pese a ese supuesto acuerdo entre las partes, "ello no puede suponer el cese automático de las medidas establecidas con fecha de 30 de junio de 2017, máxime cuando las partes no han alcanzado ningún acuerdo que sustituya al anterior". Pero en caso de que hubiera habido entendimiento para modificar las medidas paterno-filiales, sería necesario instar el correspondiente procedimiento judicial de modificación de dichas medidas, avisa la juez.

Joenay reclamaba a su expareja el pago de 865 euros (125 euros al mes) correspondientes a la pensión de alumentos de su hijo, más 260 euros en concepto de costas.

"La ejecutada", dice la juez, "pretende ahora ir en contra de lo acordado por ella misma consciente y voluntariamente, así como de la sentencia que aprobó dicho acuerdo de las partes". El auto recuerda a la madre que "hay que tener en cuenta que el artículo 118 de la Constitución Española establece que es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales".

El auto se puede recurrir en apelación ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Joenay viajará a La Palma el martes de la próxima semana acompañado de su madre para recoger a su hijo. Según comentó el mismo ayer, "el abogado de mi expareja ha mandado un escrito diciendo que la madre entregará el niño por las buenas a las doce de la mañana".

El padre del niño, con el que ha hablado "tan solo en tres ocasiones en los últimos cuatro meses", reconoce que está "nervioso" ante el inminente encuentro con su niño, al que piensa escolarizar de nuevo en el colegio de Arrecife en el que estaba hasta el pasado curso, pues al no devolverlo su madre cuando debía, no se pudo incorporar a las clases en septiembre. El menor se encuentra ahora en un centro educativo de La Palma.