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Haría debe validar aún en el Juzgado el acuerdo con el Cabildo por la Cueva

Un informe establece que el Gobierno de Canarias tiene que autorizar el convenio extrajudicial que se firmó en 2016 antes de remitirlo al juez para su homologación

El Ayuntamiento de Haría debió solicitar la autorización de la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias para formalizar el acuerdo extrajudicial suscrito entre esa institución y el Cabildo de Lanzarote en octubre de 2016 con el objetivo de poner fin al pleito judicial por la titularidad de la Cueva de los Verdes, uno de los espacios turísticos que forman la Red de Centros de Arte, Cultura y Turismo (CACT) de la corporación insular.

La autorización del Ejecutivo convalidaría el acuerdo de aprobación del mismo por parte del pleno del consistorio norteño. Así se pone de relieve en el informe jurídico que el Ayuntamiento ha encargado a Lexelia Abogados para aclarar qué encaje legal tiene el acuerdo que firmó con el Cabildo; qué efectos tienen los compromisos adoptados; y qué actuación tiene que llevar a cabo el Ayuntamiento a partir de ahora, explicó ayer el alcalde de Haría, Marci Acuña (CC).

El documento se lleva hoy a pleno para dar cuenta del mismo de forma oficial a la corporación. Lexelia Abogados advierte de la posible nulidad del convenio de 2016 entre Haría y el Cabildo, toda vez que el mismo no cuenta con la autorización del Ejecutivo, por lo que se correría el riesgo de que fuera nulo. La necesidad de que el Ejecutivo regional valide el convenio radica en que el valor del bien, la Cueva en este caso, supera el 10% del presupuesto anual de Haría. Las cuentas municipales para este año, aprobadas esta semana, ascienden a 6,9 millones de euros.

El acuerdo garantiza un ingreso mínimo de 500.000 euros al año por el canon de las entradas a los centros turísticos La Cueva, El Mirador del Río y Jameos del Agua, por ubicarse los tres en el municipio norteño, y un mínimo de 600.000 euros anuales durante diez años en inversiones. Ese convenio no tiene valor judicial, sino administrativo, y tampoco supone una ejecución de sentencia ni se concreta que las cantidades económicas que recibirá Haría se consideran indemnizaciones por parte del Cabildo, aclararon la pasada jornada Acuña y el teniente de alcalde de Haría, José Pérez Dorta (Somos Lanzarote).

"Hicimos el acuerdo con la mejor voluntad del mundo y con el informe favorable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento, pero es verdad que el pleito judicial estaba vivo", reconoció Acuña.

En 2017 el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) declaró firme la sentencia de febrero de 2015 del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº5 de Las Palmas, que condenó al Cabildo a abandonar la Cueva y a pagar una indemnización de 18 millones de euros a Haría por las entradas desde el año 2010 más los intereses. El fallo ordenaba remitir el expediente al citado juzgado para ejecutar la sentencia y señalaba que sería ahí cuando la corporación insular y Haría podrían homologar el acuerdo extrajudicial que alcanzaron en 2016, paso que no se dio.

Acuña detalló que "cuando firmamos el convenio el procedimiento judicial estaba vivo, había incertidumbre porque Haría podría ganar el pleito en su totalidad, revisarse por el TSJC o la indemnización a Haría podría no ser total sino parcial y entendimos que el convenio garantizaba cosas a Haría y al Cabildo le daba un título habilitante para explotar la cueva porque no lo tenía".

En caso de que la autorización del Ejecutivo sea favorable (en un segundo pleno Haría pedirá ese permiso) el siguiente paso que se plantea es elevar el convenio al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 y que sea ese órgano el que diga si el acuerdo se ajusta a derecho y si es lesivo para Haría. Si el juez diera el visto bueno, se finalizaría el procedimiento con la homologación del acuerdo extrajudicial en judicial.

Si la respuesta del juez fuera negativa se abren varias opciones. Haría tendría que iniciar un procedimiento de nulidad del convenio, puesto que no sería homologado. Para ejecutar esa nulidad, la institución local debería recabar un informe del Consejo Consultivo de Canarias o a través del pleno.

Una última alternativa de actuación consistiría en la solicitud por parte de Haría de la ejecución de la sentencia "en sus justos términos". "El letrado considera que esta vía no estaría exenta de dificultades y la ordena en una secuencia como una opción a tomar en cuenta en último lugar si las anteriores no diesen resultado", señaló Acuña.

"Lo que hagamos lo haremos con luz y taquígrafos", subrayó el alcalde. Añadió que "el informe marca un posible camino para el Ayuntamiento en base a lo que ha ocurrido hasta ahora". A su vez, defendió que "hemos hecho todas las actuaciones amparadas en la legalidad" e instó "a acudir a la Fiscalía a quien tenga duda". Insistió en "seguir defendiendo los intereses de Haría, pero siempre actuando con la prudencia de su fundamentación jurídica".

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