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Medio Ambiente Conflicto en la Guardia Civil

El Seprona, bajo mínimos en Lanzarote

De los cinco guardias del destacamento solo dos han estado operativos en los últimos meses

El Seprona, bajo mínimos en Lanzarote

El Seprona, bajo mínimos en Lanzarote

El Destacamento de Protección de la Naturaleza (Deprona) Timanfaya de la Guardia Civil vive su situación más conflictiva en Lanzarote desde la implantación en la Isla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en 1998.

El equipo, formado por cinco miembros, está bajo mínimos. Tres guardias civiles están de baja psicológica y se quejan de la "presión laboral" que sobre ellos ha ejercido la sargento, Gloria Moreno, desde que asumió el mando en octubre de 2014, al entender que ha actuado con demasiado celo profesional.

Por su parte, Moreno acaba de cumplir la medida cautelar de suspensión de empleo y parte de sueldo durante tres meses -entre el 20 de abril y el 20 de julio pasados- que le impuso la Dirección General de la Guardia Civil como consecuencia del expediente que le abrió por una falta muy grave, a raíz de la queja por acoso que planteó el veterinario de la perrera municipal de Arrecife, Javier López, ante la Comandancia de Las Palmas por las inspecciones que llevó a cabo la sargento en esas instalaciones.

La investigación surgió de las denuncias de la concejala de Ganemos Lanzarote en el consistorio capitalino, Leticia Padilla, por presuntas irregularidades en la perrera entre los años 2012 y 2015.

Ese expediente está pendiente de resolución y puede conllevarle una separación del Seprona durante dos años, además de un traslado forzoso y la suspensión de seis meses de empleo y sueldo.

Desde el 20 de abril, solo dos guardias civiles, uno en calidad de comisionado y otro un cabo (pendiente de ingresar en la academia para ascender a sargento), se han hecho cargo del destacamento en la Isla, del que dependen Lanzarote y el Archipiélago Chinijo.

Algunas fuentes apuntan que el cabo ya ha dejado de prestar sus servicios por lo que el 'desmantelamiento' del grupo es aún más patente.

El regreso de la sargento, el 26

La lucha contra las construcciones ilegales, el maltrato animal, las actividades de pesca y caza irregulares y los vertidos y la contaminación del medio ambiente son algunos de los ámbitos en los que actúan los agentes del destacamento en la Isla, un territorio con el 42% de su superficie protegida.

Moreno podría haberse incorporado a su puesto de trabajo desde ayer al finalizar el día anterior los tres meses apartada del mismo. Sin embargo, la funcionaria deberá cumplir otros cinco días de suspensión de empleo y sueldo, por lo que no podrá regresar a su trabajo hasta el 26 de julio. El motivo es el cuarto expediente abierto contra ella desde agosto de 2017, por supuesta falta grave, según ha desvelado esta semana su abogada, María Jesús Díaz Veiga. Este expediente explicó la letrada, "lo fue, una vez más, a propuesta del coronel Arranz, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas, cuando en enero de 2018 Moreno solicitó que se le diera traslado de las declaraciones realizadas por diversos testigos que habían prestado declaración en anteriores expedientes". Sin embargo, "Arranz interpretó esa petición como una falta a la verdad porque entendía que ya se le habían dado con anterioridad".

Los apoyos a la sargento en reconocimiento a su labor no cesan en la calle ni en las redes sociales al entender que existe una persecución contra ella por hacer su trabajo, como la intervención en el islote protegido de Alegranza en septiembre de 2015, donde pilló in fraganti a 19 personas en un asadero de pardelas, especie protegida, 11 de las cuales se sentarán en el banquillo de los acusados, entre ellas conocidos empresarios de la Isla. Seis asociaciones de la Guardia Civil han aclarado que no existe relación directa entre los expedientes disciplinarios que se instruyeron a la sargento y el servicio en Alegranza.

Mientras tanto, la situación de 'polvorín' en el que se ha convertido el destacamento lanzaroteño se agrava. Incluso, uno de los guardias denunció a Moreno en el juzgado por una presunta denuncia falsa contra ese mismo agente al que pidió investigar por un supuesto chivatazo de un servicio en Alegranza. El Juzgado de Instrucción Nº2 de Arrecife investiga a Moreno en ese caso por los presuntos delitos de denuncia falsa y falsedad en documento oficial.

Algunas fuentes de la Guardia Civil expresan su malestar porque consideran que no se ha valorado el trabajo que se ha realizado en el Deprona antes de la llegada de Moreno, "como si hasta ese momento se hubiera hecho poco o nada en relación a los casos de maltrato animal, el furtivismo de pardelas o las construcciones ilegales en espacios protegidos, cuando en realidad no ha sido así. Tampoco son unos corruptos, tal y como se les ha acusado", afirman.

Destacan que "en los años anteriores a la llegada de Moreno [con la plantilla al completo], se hacían más de de 700 denuncias y atestados anuales, lo que convertía al Deprona de Lanzarote en uno de los destacamentos más admirados de Canarias por su trabajo".

En 2011 el balance fue de 759 actuaciones, seguidas de las 720 de 2012 y las 758 en la anualidad siguiente. En 2014 (en octubre de ese año se incorporó la sargento) se contabilizaron 726, 76 más que en 2015 (650), cuando ya había dos guardias menos.

En 2016 (247), con la sargento de baja por maternidad durante casi todo ese año (regresó al trabajo en diciembre) y, con dos de los guardias civiles también ausentes por distintas causas de enfermedad, el número de servicios del Deprona se redujo a más de la mitad en relación a 2015 (con dos guardias de baja). Si en 2015 se hicieron 650 intervenciones, en 2016 la cifra cayó hasta las 247, según el Ministerio de Interior.

En 2017 (con la sargento ya reincorporada y contando solo con dos de los guardias de servicio y, en ocasiones, menos) la cifra de actuaciones volvió a crecer, hasta casi duplicarse, alcanzando las 405.

Debido a la baja de los tres componentes se tuvo que comisionar a dos guardias civiles para que la unidad fuera operativa. "A los dos meses de incorporarse Moreno de su baja maternal, uno de ellos renunció a la comisión y un cabo se tuvo que ir debido a la situación insostenible de la unidad", denuncian las mismas fuentes que añaden que "en veinte años el Deprona no ha recibido quejas de las intervenciones que ha realizado". Otras fuentes desmienten que el citado cabo se marchase por los problemas internos del Deprona en Lanzarote y aclaran que "ya se había ido el año anterior, 2016, destinado voluntario a Tráfico".

Entre "las numerosas actuaciones" que aseguran haber llevado a cabo "sin sentirse perseguidos por sus superiores", detallan que hay denuncias que acabaron con condenas judiciales. Es el caso de los baños de Los Dolores (Tinajo) en 2003 que afectó a una colada volcánica del siglo XVIII, hechos por los que el entonces presidente del Cabildo y líder del PIL, Dimas Martín, fue condenado a dos años de cárcel; la ampliación ilegal en suelo rústico de la vivienda de Martín en Los Rostros (Yaiza) por la que la justicia le impuso otros dos años de cárcel; o la condena en 2012 a 25 meses de inhabilitación (cuando ya no era alcalde) al excalde de Teguise Juan Pedro Hernández por dar licencias en suelo rústico para ampliar una casa en Tahíche y construir otra en Muñique.

Además, citan la denuncia en 2000 por un delito contra el medio ambiente de las obras del puerto deportivo Marina Rubicón (no impidió que el puerto se terminase); a bodegas de La Geria por obras no autorizadas y vertidos; la denuncia de 17 personas en 2007 en Alegranza por fondeo y pesca ilegales; la investigación por una pelea salvaje de perros en 2013 en Tinajo; el rescate de una yegua famélica en 2009 en Barranco Palomo (Haría); o la reciente detención de una persona en Tahíche por un delito de abandono de cinco perros en pésimas condiciones.

El caso del perro 'King', que fue hallado moribundo en febrero de 2016 tras ser apaleado en la zona del Volcán de La Corona (Haría), ha sido de los más mediáticos desde la llegada de la sargento. El Deprona recibió críticas de animalistas que entendían que la investigación para encontrar a los culpables de la paliza al animal no había avanzado lo suficiente sin Moreno, de baja por maternidad casi todo ese año. "Si no se hizo más fue porque no se tuvo colaboración ciudadana, a pesar de haberla solicitado", aseveran desde el cuerpo, aunque hay quienes precisan que "varios ciudadanos de la Isla llamaron al Seprona aportando datos sobre el vehículo de los autores".

Marga Sánchez, secretaria de la junta directiva de la protectora de animales Sara, que denunció el maltrato a 'King', "aseguró que con Gloria se han movido las cosas un poquito más, aunque no quiero decir que antes no fuera así". Los culpables fueron condenados en marzo a tres meses de cárcel.

Fuentes del Ministerio de Interior declinaron pronunciarse sobre la situación de Moreno “porque no se informa nunca de expedientes abiertos”.

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