José Francisco Reyes, el que fuera alcalde de Yaiza durante 14 años, entre 1994 y 2008, primero por Coalición Canaria y después con el Partido Nacionalista de Lanzarote, acaba de sumar una nueva condena judicial. Esta sexta condena, como cuatro de las anteriores, está relacionada con la concesión de licencias urbanísticas, en este caso dos licencias para construir 66 chalets en Playa Blanca. La quinta condena constituye la excepción, es la del caso Stratvs, en el que el exalcalde fue inhabilitado por la licencia de apertura de la bodega.
La sección primera de la Audiencia provincial de Las Palmas ha confirmado la sentencia de noviembre de 2016 del Juzgado de los penal 1 de Arrecife, en la que se condenaba por prevaricación a 19 meses de prisión tanto a Reyes como al que ejerció como secretario durante su mandato, Vicente Bartolomé Fuentes, y al aún jefe de la Oficina técnica, Antonio Lorenzo, que tendrá que dejar su trabajo puesto que la sentencia lleva aparejada una inhabilitación para cargo o empleo público durante nueve años.
Por su parte, el exsecretario Vicente Bartolomé Fuentes, que con esta suma su tercera condena y tiene aún otra causa pendiente, se halla actualmente en prisión e inhabilitado como funcionario público por los delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos que cometió como secretario de Yaiza en relación a la concesión de licencias ilegales para la construcción de establecimientos hoteleros y el puerto deportivo Marina Rubicón, unos hechos conocidos como caso Yate.
Su fichaje por el Cabildo de Gran Canaria, donde fue contratado como técnico de gestión en el Servicio de Formación y Prevención a finales de 2017, generó un fuerte enfrentamiento político entre el grupo de gobierno insular -integrado por NC, PSOE y dos escindidos de Podemos- y la oposición. La polémica se vio aumentada por el hecho de que el exsecretario de Yaiza y el presidente del Cabildo grancanario, Antonio Morales, son vecinos, residentes en la misma calle de Agüimes. Como consecuencia de este escándalo y de la de orden de entrada en prisión, Vicente Bartolomé Fuentes fue cesado como trabajador del Cabildo de Gran Canaria.
La nueva condena que pesa sobre el exalcalde y los funcionarios se produce por la concesión de dos licencias entre 2004 y 2005 para construir 56 y 10 chalés, respectivamente, dentro del plan parcial Playa Blanca. Ese plan parcial debió quedar extinguido al entrar en vigor las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo de Canarias, aunque se acabaron construyendo unas 400 viviendas. Tanto el plan parcial como el proyecto de urbanización y todas las licencias otorgadas en ese ámbito fueron anuladas por los tribunales.
Reyes concedió una de estas licencias a su excompañero de partido en el PNL, Pedro de Armas, que también fue presidente del Cabildo de Lanzarote y concejal en Arrecife, además de consejero delegado de Gesplan. La Audiencia confirma todos los puntos de la sentencia que habían impugnado los condenados en primera instancia. En el procedimiento también se personó como acusación popular la asociación Transparencia Urbanística.
Señala la Audiencia que los recursos de los acusados no pueden prosperar "a la vista de la inconsistencia y endeblez de sus argumentos de descargo, que no logran contrarrestar la solidez y buen juicio de los fundamentos y evidencias incriminatorias que la sentencia apelada esgrime contra todos los acusados para condenarlos por un delito prevaricación urbanística, sea en su condición de técnicos que emitieron los informes, sea en su condición de autoridad que concedió la licencia".
Los tres acusados alegaron en su recurso que la normativa urbanística no era clara en el momento de los hechos, pero el Tribunal considera que "la cuestión está meridianamente clara y no hay inseguridad jurídica alguna, los informes se evacúan y las licencias se aprueban fuera de toda cobertura legal, en el marco de un plan parcial extinto ope legis y que vulneraba gravemente la legalidad aplicable". Añade que "los acusados eran plenamente conocedores de los apercibimientos efectuados desde diversas instancias advirtiendo de la patente ilegalidad relacionada con el otorgamiento de licencias y lejos de atender tales requerimientos con amparo en un informe jurídico emitido por el abogado de los promotores desatendieron los mismos acordando continuar desarrollando el plan en beneficio de los promotores y en contravención de la legislación aplicable".
Sobre los informes, necesarios para conceder las licencias, tanto el jurídico que emitió el secretario, como el técnico, de Lorenzo, dice la sentencia que de su simple lectura "se llega a la conclusión de que son huecos y carentes de contenido". "No se trata pues como alega la defensa apelante, que los informes sean mas o menos acertados, o mas o menos contrarios al ordenamiento jurídico, sino que son manifiestamente contrarios a la normativa y carecen de base alguna", destaca el fallo.
Por tanto, como los informes eran arbitrarios, las resoluciones concediendo las licencias también lo fueron, ya que se otorgaron "sin justificación alguna, con un informe técnico y jurídico que, literaturas aparte, adolecen por completo de las condiciones mínimas exigibles de motivación, sin rigor de ninguna clase y con la clara e inequívoca intención de favorecer el otorgamiento de las licencias".
Para Reyes esta es su sexta condena. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo la condena de seis años de cárcel por el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales a hoteles, pero también fue condenado a seis meses de cárcel por la licencia del chalé del arquitecto Carlos Morales, a tres meses por otras licencias otorgadas en 2001, a diez de inhabilitación por dar una licencia en suelo rústico para un restaurante y, por último, a otros siete años de inhabilitación para cargo público por un delito de prevaricación por la concesion de la licencia de apertura de la Bodega Stratvs. En este último caso, la sentencia aún no es firme.
