Los senadores del Grupo Parlamentario Popular por las islas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma, Joel Delgado, Esther Hernández y Mariano Hernández, respectivamente han formalizado en la Cámara Alta una moción en la que reclaman al Ministerio de Fomento la modificación del Real Decreto 1516/2007, de 16 de noviembre, por el que se determina el régimen jurídico de las líneas regulares de cabotaje marítimo y de las navegaciones de interés público, para que, tal y como ocurre con Baleares, se incluya a las tres islas como de Obligación de Servicio Público.

El objetivo es la modificación del artículo 8.1, relativo a las frecuencias mínimas de servicios, la línea Cádiz-Arrecife-Puerto del Rosario-Santa Cruz de la Palma y viceversa, con un viaje semanal, para garantizar en el tiempo la conexión marítima de esta isla con el territorio continental.

Según el actual Real Decreto, la comunicación marítima desde el territorio continental está garantizada con todas las islas del Archipiélago Balear, con Ceuta y Melilla, así como con las islas de Gran Canaria y Tenerife. "Sin embargo no están incluidas el resto de islas del Archipiélago, que además de ser un territorio insular tienen condición de regiones ultraperiféricas de la Unión Europea", concreta el senador popular.

A expensas de las navieras

"Aunque el aumento de la actividad económica de las tres islas es más que evidente en la última década no es menos cierto que no alcanza las cuotas que hagan posible la entrada de la competencia como ocurre en las islas capitalinas". "Por tanto, se hace más necesario que nunca la modificación del actual marco normativo y que las conexiones marítimas con nuestra isla no queden a expensas de la voluntad que expresen las navieras en el la ratificación de cada contrato", añade.

El senador indica que en el último concurso bajo el mandato del Gobierno del PP "se consiguió que por primera vez en la historia se incluyeran dentro de los criterios de evaluación de los pliegos de condiciones como mejoras, valorándose con 38 puntos sobre 100, la inclusión de estas conexiones. Según el PP "en ese momento, y reconociendo que no era la solución definitiva, pudimos garantizar el normal funcionamiento del transporte marítimo con la Península que era lo que realmente nos preocupaba a todos. Y el siguiente paso es modificar el decreto".