El Juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife ha acordado auto de apertura de juicio oral contra el actual presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, el secretario del Cabildo, Francisco Perdomo y el ex gerente del Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemin por un presunto delito de prevaricación administrativa. La decisión se adopta después de que el juzgado tuviera en cuenta la petición de la acusación particular ejercida por el Grupo Podemos en el Cabildo que entiende que la incautación de la desaladora privada de la empresa Club Lanzarote en Playa Blanca (Yaiza) en septiembre de 2014 fue ilegal.
Según el auto "la acusación popular está legitimada para pedir, en solitario, la apertura de la causa a la celebración del juicio oral, no pudiéndose reconocer al Ministerio Fiscal el monopolio del ejercicio de la acción penal". A lo anterior añade que la acusación particular no ha "renunciado" expresamente a las acciones penales que le pudieran corresponder como consecuencia del ilícito, sino que, se ha limitado a expresar su voluntad de "apartarse" de la causa, a la que podría reincorporarse en cualquier momento previo a la celebración del juicio oral.
Además del delito de prevaricación previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal, Podemos ha solicitado la imposición a los acusados de la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de doce años.
Aunque el Ministerio Fiscal había decidido archivar esta causa, el Grupo Podemos en la oposición acordó continuar con sus acusaciones.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº4 de Las Palmas de Gran Canaria anulaba en junio de 2016 la incautación de la desaladora, la depuradora y otros bienes de Club Lanzarote para abastecer de agua a Montaña Roja, realizada por el Consejo Insular de Aguas en 2014. El juzgado entendía que la medida del Consejo Insular "fue extrema y excepcional" entendiendo que el conflicto entre ambas partes se debía haber llevado en el plano administrativo.
El Cabildo adoptó esa medida al entender que la empresa privada venía produciendo y vendía agua a terceros, es decir, a una población de unos 6.000 habitantes y una decena de complejos turísticos, "sin título habilitante y por tanto ilegal". En la actualidad existe un acuerdo entre Club Lanzarote y el Consejo Insular de Aguas para la producción y venta de agua en esta zona turística. Fue precisamente tras este acuerdo cuando Club Lanzarote decidió no continuar con el pleito contra San Ginés.
