El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, aseguró este miércoles que seguirá al frente de la institución y mantendrá su candidatura a las elecciones del próximo mes de mayo a la presidencia a la corporación insular por CC a pesar de la decisión del juzgado de Instrucción Número 2 de Arrecife de acordar la apertura de juicio oral por un presunto delito de prevaricación administrativa por la incautación de la desaladora privada de la empresa Club Lanzarote en la urbanización de Montaña Roja en Playa Blanca (Yaiza) en septiembre de 2014. "El código ético de CC habla de apartarse cuando es por un asunto por corrupción que no es este caso", aseguró hoy el presidente en una rueda de prensa para defender su inocencia.

San Ginés insiste en que el juicio se mantiene "por una acusación política", dado que solo la acusación ejercida por el Grupo Podemos en el Cabildo es la que única que se mantiene en este proceso. El presidente recordó que fue el propio denunciante (Club Lanzarote) el que reconoció en el convenio firmado con el Consorcio del Agua "que su actividad era ilícita". Como consecuencia de ese convenio el denunciante se retiró del proceso, "una consecuencia lógica" insistió San Ginés quien también resaltó que la propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento provisional de la causa.

El presidente subrayó "los beneficios para el interés general que ha supuesto la incautación, como es que ahora haya 5.000 vecinos de Yaiza que cuentan con facturación legal y en igualdad de condiciones que el resto de vecinos de Lanzarote, y que gracias al convenio firmado con Club Lanzarote el Consorcio del Agua dispone ahora de un canon de 400.000 euros que nos ha permitido, entre otras cosas, subvencionar el agua agrícola, ganadera y pesquera para que sea la más barata de Canarias".

San Ginés insistió en que adoptó "la decisión que consideré más justa y adecuada", y en este sentido se preguntó "cómo puedo haber tomado una decisión a sabiendas de que era injusta, que es lo que significa prevaricar, si tanto el secretario de la Corporación y del Consorcio como el asesor legal externo del Cabildo han declarado en sede judicial que se podía incautar sin necesidad de informes, aunque lo hubo verbal, ni de orden judicial".